Las trabas de financiación cuestionan el futuro de la vivienda concertada

El éxito de la opción de la vivienda concertada -que está entre la de protección oficial y la del mercado libre- depende de las facilidades que la banca y las cajas ofrezcan a su financiación. Eso consideran los promotores, que en estos momentos tienen unas 60.000 viviendas por vender en Cataluña. El Consell Executiu aprueba hoy el decreto que regula el nuevo tipo de vivienda en Cataluña, el denominado concertado catalán, pensado para las personas que quieren comprar un piso y que superan los requisitos exigidos para las de protección oficial por los ingresos que tienen, pero tampoco llegan a los precios de mercado.

El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, y el promotor Enric Reyna, presidente de la Asociación de Promotores de Barcelona, coincidieron ayer en manifestar que esa nueva figura puede ayudar a dar salida al 15% de las existencias de viviendas "y aproximadamente al 12% de las que se produzcan cada año". Esas manifestaciones las hicieron en el marco de una jornada monográfica sobre la vivienda concertada en Cataluña.

Sin embargo, el mensaje de Baltasar de "recuperar la confianza" en un contexto de crisis del mercado inmobiliario chocó con el ambiente más bien borrascoso que se vive entre los promotores. "Lo que tienen que hacer es abrir el grifo", decían en algunas de sus intervenciones y, sobre todo, en los pasillos. Los que tienen que "abrir el grifo" son las cajas y los bancos, y los promotores expresaron abiertamente su desconfianza.

La intervención en la misma jornada de Antoni Baró, directivo de La Caixa, no les tranquilizó, sino todo lo contrario. Baró dejó claras dos cosas. Una, que el máximo de las hipotecas tiene que ser el 80% del precio, y otra, que la deuda que contrae el prestatario no debe ser superior al 30% o 40% de los ingresos de la familia, lo que dificultará el acceso a la vivienda concertada. Como vivienda concertada se entiende, por ejemplo, en el caso de Barcelona capital, un piso cuyo precio no sobrepase los 300.000 euros y tenga un máximo de 80 metros cuadrados. De salida, en el caso de Barcelona, los promotores deberían rebajar mucho los precios. Establece el decreto que podrán optar a ella los compradores que no tengan unos ingresos superiores a 6,5 veces el IPREM -Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples-, que en estos momentos está fijado en 6.112 euros. Es decir, el límite es de cerca de 40.000 euros anuales. La concertada catalana tiene unas condiciones especiales de financiación, según el decreto y el convenio recientemente suscrito entre 18 entidades bancarias catalanas -las principales- y el Departamento de Medio Ambiente. Los préstamos hipotecarios "no podrán superar el 80% del precio de la vivienda a tipo de interés fijo". Pero para completar el 20% -en concepto de entrada- se establece un "préstamo preferencial", éste variable. Precisamente la cobertura de ese 20% del precio fue lo que ayer puso en tela de juicio el representante de La Caixa. "Dependerá de los casos", dijo, para insistir en el mensaje de que la morosidad está subiendo sin parar. Los promotores le miraban con cara de pocos amigos.