La pendiente renovación del Tribunal de Cuentas encalla en el Parlamento

El final de la legislatura se va a llevar por delante la renovación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. El pasado mes de mayo, los actuales siete miembros tendrían que haber sido sustituidos. Los grupos parlamentarios presentaron en plazo sus candidatos, pero ahí quedo todo.

Los miembros del tribunal deben ser elegidos por el Parlamento cada seis años, de forma que su nombramiento no coincida con la legislatura natural. Todo apunta, sin embargo, a que no habrá nuevo tribunal, dada la tensión política que acompaña al final de la octava legislatura, y que los actuales miembros continuarán en funciones.

Los partidos han presentado nueve candidatos para siete puestos

Aunque se llegara a un acuerdo rápido, no se abordaría hasta octubre

El órgano fiscalizador de las administraciones públicas fue elegido siguiendo el dibujo del Parlamento en la pasada legislatura. El PNV cuenta con tres representantes y su socio en el Gobierno, EA, con uno. El PSE-EE tiene dos y el PP uno. En 2001, la coalición PNV-EA logró 33 escaños (frente a los 29 alcanzados en la actual legislatura), los populares 19 (15 ahora), los socialistas 13 (18). El Partido Comunista de la Tierras Vascas tiene ahora nueve (dos más que EH en la anterior legislatura), EB se mantiene con tres y Aralar tiene uno en la presente. Por un lado, en el propio tripartito no tiene cerrado un acuerdo sobre el reparto de los representantes; y en la oposición, los socialistas aspiran a hacer valer su mayor peso parlamentario en el tribunal.

La legislatura ha entrado en la recta final. Abril de 2009 es la fecha tope para convocar elecciones autonómicas. Y los grupos ven difícil el acuerdo, tal y como están las cosas, con la polémica sobre la Ley de Consulta en plena ebullición y a la espera de que el Tribunal Constitucional, que la ha suspendido tras admitir a trámite los recursos del Gobierno central y del PP, se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

Divididos por la consulta, no parece factible que lleguen a un entendimiento sobre este órgano, dependiente del Parlamento. Antes del Pacto de Lizarra, el reparto de los puestos del Tribunal de Cuentas era a razón de tres vocales para el PNV, tres para el PSE y uno para el PP. Tras el pacto entre nacionalistas de 1998 se rompió el equilibrio.

Ahora, los partidos del tripartito han presentado cinco candidatos. Cuentan con menos representación parlamentaria que en la anterior legislatura, pero aspiran a más. EA quiere mantener su cuota y ha presentado a Alberto Jiménez de Aberasturi. EB no quiere ser el hermano pobre del tripartito y aspira a colar a su candidato, Joaquín Arriola. Por su parte, el PNV, pese a haber reducido su pesencia en la Cámara, quiere tres vocalías para José María Gorordo, Begoña Marijuan y Eusebio Melero. EHAK y Aralar se mantienen al margen.

Los socialistas, por su parte, quieren ver incrementada su presencia en concordancia con su peso parlamentario y han presentado tres candidatos: Rafael Iturriaga, Elena López de Guereñu y Javier Nogales. Los más conformistas parecen ser los populares, que vuelven a presentar a su vocal, Gonzalo Vera-Fajardo. Nueve nombres para siete plazas y ninguna voluntad de renuncia ponen la elección muy difícil.

Los grupos parlamentarios coinciden en que incluso si hubiera un acercamiento de las posturas, algo que ven difícil, la cuestión no llegaría al pleno del Parlamento antes del mes de octubre, cuando la legislatura habrá entrado en su fase final.

En cualquier caso, las expectativas de que se produzca una revitalización del tribunal son muy remotas. El deterioro de la vida política en las dos últimas legislaturas ha politizado también la actividad de este órgano, afectando a la independencia y credibilidad del mismo. En paralelo, las administraciones fiscalizadas vienen cuestionando la opinión del tribunal cuando su pronunciamiento es adverso, de modo que sus informes sirven para generar una cierta polémica, pero no tienen una incidencia real. Desde la oposición se ha acusado al tribunal de no realizar realmente el trabajo que le encomienda la ley, que le reclama la aplicación íntegra del artículo 9 de la ley que lo regula. Éste encomienda al tribunal fiscalizar la "adecuación al ordenamiento jurídico de la actividad económico-financiera" del sector público vasco, pero también controlar su "eficacia y eficiencia", así como proponer "medidas de racionalización y mejora de la misma".

Otra de las grandes críticas se refiere al ámbito de las instituciones que deben ser fiscalizadas. La mayoría del tribunal circunscribe sus obligaciones a las cuentas generales del Gobierno y las diputaciones, así como los gastos electorales para el Parlamento y las juntas generales. A ellos se suman las propuestas que aprueba el pleno del Parlamento. La oposición, sin embargo, quiere que el tribunal incluya en plan de trabajo anual también las propuestas que llegan desde la Comisión de Hacienda. No se ha logrado.