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El Poder Judicial refuerza el juzgado del 'Prestige' cinco años después

El presidente del Tribunal Superior confía en que el juicio se abra a comienzos de 2009

Casi seis años tardaron las instancias judiciales en decidirse a reforzar el pequeño juzgado de Corcubión, colapsado por la enrevesada y voluminosa instrucción de la catástrofe del Prestige. Es la causa más importante incoada en España por delito medioambiental y tras acumular varios cientos de miles de folios, el poder judicial ha decidido al fin nombrar un juez sustituto de apoyo para, a partir de septiembre, llevar los asuntos ordinarios de esta sala de A Costa da Morte y así permitir a su titular, Carmen Veiras Suárez, dedicarse en exclusiva a cerrar el abultado sumario sobre la gigantesca marea que tiñó de negro en noviembre de 2002 las costas de Galicia, la cornisa cantábrica y parte del litoral francés.

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Quedan aún por practicar varias diligencias tanto en España como en otros países, como Grecia, Reino Unido, Suiza o la incorporación de los perjudicados franceses a la causa judicial abierta en Corcubión. Pero el presidente en funciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Antonio González Nieto, ya se atrevió ayer, al anunciar estas medidas de refuerzo que incluyen prolongar la jornada laboral de los cuatro funcionarios del juzgado, a aventurar una fecha para la apertura del juicio oral: debería comenzar en el primer trimestre de 2009.

Esta alternativa de recurrir a un juez sustituto nombrado de oficio por el poder judicial empezó a fraguarse después de que quedase vacante, en abril, la convocatoria de una plaza como magistrado de apoyo. Ningún juez optó al puesto. Una queja de la Fiscalía por el "insostenible" retraso de esta causa, avalada por el propio alto tribunal gallego, desembocó al fin en una solución.

El sumario del Prestige es "el escaparate de la justicia española y gallega ante el mundo", aseguró González Nieto, y ya es "meritorio" que un juzgado tan pequeño y sin medios como el de Corcubión se haga cargo de una instrucción "de tan extraordinaria complejidad". El presidente del Tribunal Superior excusó la demora de la causa y aseguró que la reciente inspección del Consejo del Poder Judicial concluyó con loas al personal del juzgado de Corcubión por asumir una causa casi sin medios.

Ahora, insistió Nieto, se va a acelerar todo, y avanza a buen ritmo la digitalización del voluminoso sumario. Queda para septiembre tomar declaraciones a ABS, la empresa norteamericana que certificó la navegabilidad del Prestige, así como a la casa armadora. Y falta por remitir los informes técnicos y el contable, que cifrará a cuánto ascienden los daños.

Esta catástrofe es, sin duda, la que más retraso acumula en un sistema judicial como el gallego, en el que no cesan de aumentar los asuntos pendientes, como se desprende de la memoria de 2007 presentada ayer en la sede del Tribunal Superior. Un año que concluyó con 144.714 asuntos judiciales pendientes, una cifra que ya se incrementó en 1.649 casos más sin resolver. No obstante, González Nieto subrayó que el grado de asuntos resueltos también crece, lo que compensa un tanto la excesiva acumulación de sumarios.

Aparte de la "manida" falta de medios, el presidente del alto tribunal destacó la excesiva movilidad de los jueces con plaza en Galicia, la comunidad donde más rotación hay, así como el deficiente sistema de nombramiento de personal interino, carente de formación y que a menudo contribuye a empeorar el funcionamiento de un juzgado que, hasta entonces, no tenía mayores problemas.

Martinsa-Fadesa

La suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa, la mayor de la historia en España, es otro nubarrón en el ya saturado sistema judicial gallego. En cinco días, el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña resolverá si le compete decidir sobre este concurso de acreedores. Pero por de pronto el Tribunal Superior de Galicia ya cursó petición urgente al Poder Judicial a fin de que nombre un juez de apoyo y liberar, como en el caso del Prestige, al titular para el caso de la inmobiliaria. Si sus acreedores aceptan la propuesta de convenio presentada por la empresa, el juzgado tardará un año en resolver este caso.

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