La Vila duda entre legalizar o demoler el Atrium

El fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anula el instrumento de planeamiento con el que se legalizó el hotel Atrium de La Vila Joiosa complica la solución al complejo con exceso de edificabilidad. Cuando la sentencia sea firme, el Consistorio deberá decidir si redacta un nuevo PRIM que legalice la estructura del hotel, o si deja operar a la empresa con la licencia obtenida sobre la base del planeamiento anulado. El impulsor del recurso, el concejal de Iniciativa Independiente (II) Pedro Lloret, actual primer teniente de alcalde, persigue ahora la anulación de la licencia y el derribo de la obra.

En 2004, un juez dictó el derribo si no se corregía la infracción

La sentencia del TSJ anula el Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM) aprobado definitivamente por el ayuntamiento el 20 de octubre de 2005, al considerar que en la redacción del documento "el interés general queda totalmente desplazado por el interés particular de la legalización". Lloret considera que el pronunciamiento del tribunal retrotrae la situación al momento anterior a la aprobación del PRIM, es decir, cuando en 2004 un juez de Alicante ordenó al consistorio que en el plazo de un mes se demoliera el exceso de obra, cifrado por la consejería de Territorio y Vivienda en 53.000 metros cuadrados. El edil está convencido de que "con los fundamentos a los que se alude en la sentencia lo vamos a conseguir". Posteriormente, "el edificio se tendrá que demoler". La postura oficial del Gobierno sobre la anulación del PRIM no se ofrecerá hasta el lunes, aunque varios de sus miembros explicaron que "se acatará la anulación y no se recurrirá al Supremo", indicó un concejal.

La promotora del Atrium, hotel Luna S. A., se aferra a la licencia de la que dispone, con fecha 18 de diciembre de 2006, y argumenta que es válida y no cabe recurso. Por eso entienden como un éxito la sentencia que anula el PRIM y se han apresurado a pedir la devolución del dinero y los terrenos dotacionales que cedieron al Consistorio para su legalización. El TSJ anuló la semana pasada la sanción de 12 millones de euros impuesta por el Consell al promotor, al haber dejado la administración que caducara el expediente.