El PP propone legalizar 50.000 viviendas en suelo rústico de Málaga
Los populares argumentan que su objetivo "es evitar demoliciones innecesarias"
La imparable proliferación de viviendas en suelo no urbanizable en la provincia de Málaga alcanza ya dimensiones insoportables y condicionan la formulación de planes de ordenación urbanística. El PP estima que puede haber unas 50.000 casas ilegales en la provincia, cálculo que sostiene está realizado la baja.
El Gobierno andaluz se opone a una regularización masiva de casas
Partidos políticos y administraciones comparten que ha llegado el momento inaplazable de las soluciones, pero no parece fácil el acuerdo sobre las vías a seguir para lograrlas. Frente a la posición de la Junta contraria a un enfoque globalizado y una solución homogénea para todos los casos, el PP propone un plan de regularización de casas en toda la provincia que ponga fin al conflicto, al menos hasta que se aprueben los planes de ordenación urbana de cada municipio.
El PP llevará al pleno de la Diputación Provincial del próximo martes día 22 una propuesta para instar a la Junta a que elabore este plan de regularización para todo el ámbito provincial que, entre otros efectos, evite "demoliciones innecesarios", según explicó el diputado provincial Manuel Navarro, que es concejal en Mijas, localidad donde asegura que hay unas 8.000 viviendas en situación irregular.
Navarro pone el caso de Mijas como paradigmático de la arbitrariedad y heterogeneidad del fenómeno. El Ayuntamiento emprendió meses atrás un plan de sanciones que aspira a la demolición de 2.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable. En algún caso, los propietarios afectados han acudido a la vía judicial, donde han logrado la paralización de los expedientes de forma cautelar hasta que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y esto es lo que el PP quiere que se decrete de forma generalizada en el conjunto de la provincia.
Según Manuel Navarro, hay situaciones que pueden ser normalizadas en el plan, por lo que sería "innecesario" decretar ahora la demolición. Según el edil del PP, debería llegarse a un acuerdo entre los ayuntamientos dentro del marco de la Diputación para dejar en suspenso todos los expedientes disciplinarios sobre las viviendas en suelo no urbanizable.
La propuesta del PP se produce 22 días después de que el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espada, anunciara en una reunió con 31 alcaldes de la comarca de La Axarquía que no habrá excepciones ni atajos al cumplimiento de la legalidad urbanística y que se deben estudiar uno a uno los casos para aplicar las soluciones que sean oportunas, sin generalizaciones.
El problema de los diseminados rurales es endémico en la provincia de Málaga, aunque no hay una visión de conjunto. En comarcas rurales como La Axarquía se estima que existen unas 10.000 casas en suelo no urbanizable. El Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la comarca introdujo hace dos años criterios para la normalización, pero ni siquiera se ha llegado a constituir el consorcio que iba a estudiar los casos y proponer soluciones.
El plan de la Costa del Sol Occidental apenas contempló este fenómeno. Además de las 8.000 viviendas que el PP estima que existen en Mijas, en Estepona hay unas 3.000, y se presume que en la zona de Manilva y Casares hay también un número elevado. También en la comarca del Valle del Guadalhorce la construcción de viviendas en suelo no urbanizable es un fenómeno muy extendido, del que no existe un diagnóstico global.
El diputado provincial del PP Manuel Navarro insiste en que ante la dimensión del problema, tiene que ser objeto de un enfoque institucional, en el que "no cabe la politización partidaria".
