Ricardi pide una indemnización para poder rehacer su vida

Rafael Ricardi, el hombre que se ha pasado 13 años en la cárcel por un delito de violación que no cometió, reclamará una indemnización para poder rehacer su vida. Ahora mismo la prioridad es que vuelva a Cádiz desde la prisión de Topas (Salamanca) tras haber quedado completamente descartado, gracias a una última prueba toxicológica, que no era ninguno de los dos agresores que atacaron a la víctima en 1995. "Tiene que empezar de nuevo", explicó ayer su hija, Macarena.

La indemnización para Ricardi será estudiada por el Consejo General del Poder Judicial y deberá ser autorizada por el Ministerio de Justicia. Fuentes de este organismo dieron ayer por prácticamente seguro que el Gobierno pagará al hombre por los 13 años pasados en prisión injustamente, aunque no pudieron dar una cifra aproximada de lo que podría llegar a recibir. "Todos han tenido la culpa y ahora él tiene que comenzar una nueva vida", lamentaba la hija. La abogada de Ricardi, Antonia Alba, y la Fiscalía ya han reclamado el tercer grado para que el hombre pueda abandonar la cárcel lo antes posible.

La excarcelación es posible gracias a un análisis realizado en el Instituto Nacional de Toxicología reclamado por la Fiscalía. Nuevas técnicas han permitido encontrar restos de dos hombres, que no son Ricardi, en unas prendas de la víctima descartadas hace más de una década. Sin esas pruebas, él seguiría en prisión. La fiscal Ángeles Ayuso defendió ayer que "Ricardi siempre ha estado tutelado por la justicia aunque en 1995 se cometiera un error de fondo". El Ministerio Público debe investigar ahora la cadena de fallos, fundamentalmente policiales, que dificultaron la aclaración de los verdaderos responsables de aquella agresión.

Malestar entre agentes

Desde la comisaría de Cádiz ayer se prefirió no responder a estas críticas, aunque no se ocultó el malestar entre los agentes. Fuentes policiales recordaron que fue el arresto de dos sospechosos, Fernando Plaza y Juan Baños, por otros delitos, lo que permitió comprobar que el ADN del primero coincidía con los restos encontrados en el escenario de la violación. Esa pista fue fundamental para reabrir el caso.

El Consejo General del Poder Judicial descarta abrir una investigación porque entiende que no ha habido ningún fallo en la instrucción.