Uno de cada cinco euros en España escapa a los controles

Cualquier comprador de vivienda se habrá topado, en algún momento de su búsqueda, con frases como "se puede escriturar por menos dinero" o "el precio final dependerá de cuánto se ponga en A y en B". Es quizá la manifestación más común de un fenómeno que contamina casi todos los ámbitos de la economía española: el dinero negro y, de forma más amplia, la economía sumergida. La opacidad se traslada a las cifras: apenas existen datos fiables. Los más precisos, elaborados por la Unión Europea, sitúan a España por encima de otros socios comunitarios -salvo Italia-, con un 20% de su actividad sumergida. El Banco Mundial le atribuye un 23%.

Los expertos coinciden en que tanto el dinero negro (el que se oculta al fisco) como la economía sumergida (actividad sin declarar) son difíciles de medir. A esa hipótesis se acoge el Gobierno español, que no asume ninguna de las cifras estimadas. "No hay forma de constatarlo", aseguran en el Ministerio de Economía. Con datos o sin ellos, el Ejecutivo es consciente de que el dinero oculto juega un gran papel en la economía y se ha propuesto combatirlo con más ahínco, especialmente ahora que la crisis esquilma las arcas públicas y resulta urgente recuperar ingresos.

La UE habla de una práctica fuertemente enraizada en España

La crisis hace caer los billetes de 500 pero fomenta el trabajo sin contrato

La Agencia Tributaria está elaborando un nuevo plan de prevención del fraude fiscal que prestará "especial atención a la economía sumergida", según una portavoz del Ministerio de Economía. Frente al proyecto de la anterior legislatura, más centrado en las tramas de IVA o en el fraude del impuesto de matriculación, el nuevo primará fenómenos más ocultos, como las operaciones fraudulentas de billetes de 500 euros. El plan estará listo el próximo otoño.

El mejor ejemplo de que asomarse a la economía sumergida supone transitar por terreno escurridizo reside en el Eurobarómetro que lanzó la Comisión Europea el pasado mes de octubre. Preguntados los ciudadanos europeos sobre si han comprado algún bien o servicio proveniente de la economía sumergida en los últimos 12 meses, sólo un 6% de los españoles reconocen haberlo hecho, frente al 27% de los daneses. La brecha entre ambas nacionalidades resulta difícil de creer. "Las encuestas directas tienen a infravalorar el fenómeno. Esos datos no son muy fiables", admite una fuente de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea.

Otro trabajo reciente, elaborado por el Observatorio Europeo del Empleo, cifra el trabajo no declarado en el 12,3% del producto interior bruto (PIB). "El porcentaje parece haberse incrementado desde 2002", reza el informe, publicado el pasado mes de mayo. "No se ve una disminución. Desde luego, es un problema que no está resuelto", corrobora la fuente comunitaria. El informe lo considera "un fenómeno fuertemente enraizado en la economía española" y acusa a las autoridades de "falta de interés" para ofrecer datos.

Los motivos por los que la economía sumergida florece en España son diversos. La UE lo atribuye a que "muchos trabajadores aceptan trabajos irregulares para obtener más ingresos de los que obtendrían con una relación laboral ordinaria". Y es que los salarios españoles están "muy por debajo de la media". También influyen la burocracia que implica el trabajo formal, los impuestos y las sanciones.

Más allá de estos motivos, perviven razones culturales. "Entra dentro de la pillería latina; el ciudadano no recrimina el fraude", sentencia José María Peláez, inspector y portavoz de la organización Inspectores de Hacienda del Estado. Peláez cree que el fraude está "generalizado" en casi todos los sectores, aunque aprecia un cambio fundamental en los últimos años: de los mecanismos más sencillos se ha pasado a un auge del fraude organizado, que reviste mayor gravedad. Destacan las tramas de IVA y sobre todo los delitos de tipo urbanístico.

El dinero negro se ha multiplicado al calor del boom inmobiliario que ha vivido España. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha cifra en casi 9.000 millones de euros al año las irregularidades en este terreno, una cantidad similar al coste del plan de choque que aprobó el Gobierno en abril para hacer frente a la desaceleración. "Hacen falta manos", reclama José María Mollinedo, secretario general de esa organización, que reclama más competencias para atajar el fraude.

Aunque desde el punto de vista del empleo la construcción se ha hecho más transparente tras la regularización extraordinaria de inmigrantes realizada en 2005, según el Observatorio Europeo del Empleo, no ha ocurrido lo mismo en todos los ámbitos. La acumulación de billetes de 500 euros, principalmente en el sector inmobiliario, ha demostrado que gran parte de la riqueza escapa a los ojos del fisco.

Con la crisis que vive el sector, el flujo de billetes de 500 que circula por España ha empezado a estancarse. "Todo lo relacionado con el inmobiliario, incluidos los intermediarios que cobraban comisiones, ha caído vertiginosamente", explica Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Lo más relevante para Del Amo es el número de firmas que ya no tendrán que camuflar beneficios para pagar menos al fisco, pues la crisis los está liquidando. "En época de vacas flacas hay menos incentivo a la economía sumergida", concluye.

Otros analistas discrepan. Su argumento es que la atonía económica impulsa a algunas empresas a sumergir parte de su actividad para ahorrar costes. "La economía sumergida tiene un componente anticíclico: crece cuando la ordinaria va mal. Esto puede estar ocurriendo en la construcción, aunque no está demostrado", opone con cautela Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los pocos autores que se ha atrevido a teorizar sobre este fenómeno.

Más allá de la construcción, la economía en la sombra prolifera en la hostelería, la agricultura, el servicio doméstico... incluso en la enseñanza. La organización Educa-systems cree que las clases particulares mueven 1.800 millones de euros anuales en negro. "Se da donde mejor se puede ocultar, principalmente en pequeñas empresas y en autónomos", añade Ruesga.

Por zonas, el arco mediterráneo es especialmente propicio a las actividades opacas. "No sólo por la construcción, también por el textil y el calzado", muy localizados en esa zona, opina Miguel Gómez de Antonio, del Departamento de Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la Universidad Complutense de Madrid. Este profesor es coautor del único estudio elaborado en España sobre economía sumergida por provincias. El trabajo, publicado en 2003 por el Instituto de Estudios Fiscales -dependiente del Ministerio de Economía-, levantó una auténtica polvareda política al revelar un alza continuada de este fenómeno desde 1980. En 2000, último año abarcado por el estudio, alcanzó el 20,9% del PIB. Desde entonces ninguna institución pública se ha atrevido a hacer cálculos similares.

El problema no estriba en la falta de datos. "El nivel de información de la Agencia Tributaria es superior al de los países del entorno comunitario; en Francia las personas físicas ni siquiera tienen NIF", argumenta Ramón Palacín, antiguo trabajador de la Agencia y actualmente socio responsable del área de Precios de Transferencia de Ernst & Young Abogados. El miedo a la repercusión política de las cifras retrae a las autoridades a la hora de profundizar en este fenómeno.

Independientemente de la información, los expertos consultados descartan que la ley española incentive las actividades soterradas por ser laxa respecto al fraude. "Las sanciones fueron muy duras, pero se empezaron a reducir desde 1998 porque se consideró que al ser tan altas incentivaban más el fraude", explica Palacín. Su compañera Rocío Ingelmo, directora de Tributación de Empresas de Ernst & Young Abogados (antes también trabajó en la Agencia Tributaria, en el departamento de Recaudación), añade: "La filosofía se basa en minorar las sanciones para favorecer el cumplimiento voluntario".