Líbano forma un Gobierno de unidad nacional para apaciguar la violencia

Cincuenta días después del acuerdo de Doha (Qatar), que puso fin a la más grave crisis de violencia política padecida por Líbano desde el fin de la guerra civil en 1990, los partidos libaneses han sido capaces de forjar un acuerdo para formar un Gobierno de unidad nacional. El Gabinete estará compuesto por 30 ministros, 16 de ellos designados por los partidos prooccidentales, tres por el presidente, Michel Suleimán, y 11 por los grupos de oposición.

El nuevo Ejecutivo tiene como desafío preparar una ley electoral

Hezbolá, el partido-milicia chií respaldado por Irán y Siria, se ha salido con la suya: contará con capacidad de veto a la hora de adoptar las decisiones trascendentales, que requieren dos tercios de los votos del Ejecutivo. Éste encara mil problemas y dos desafíos de calado: aliviar las tensiones entre confesiones religiosas y preparar una ley electoral para los comicios del año próximo.

El reparto de cargos en el nuevo Gobierno encabezado por Fuad Siniora, el dirigente tutelado por Estados Unidos, ha centrado la larga pugna. Un consejero de Siniora, Mohamed Chatah, ostentará la cartera de Finanzas. Mohamed Fneish, de Hezbolá, se hará cargo del Ministerio de Trabajo, y Fawzi Salluj, dirigente de Amal, partido chií aliado de Hezbolá, será jefe de la diplomacia. La labor que afronta el Gobierno es de órdago. La violencia sectaria brota esporádicamente en cualquier rincón de Líbano. En las últimas semanas, ha sido la norteña Trípoli el escenario de enfrentamientos a tiros entre suníes partidarios de Saad Hariri -el hijo del ex primer ministro asesinado en febrero de 2005- y alauíes, amigos de la influencia siria en el país.

El Gobierno funcionará de nuevo tras año y medio de parálisis. Pero será un Ejecutivo de corto aliento. Las elecciones legislativas están previstas para comienzos de 2009. Y es precisamente la reforma de la ley electoral -básicamente el diseño de las circunscripciones y la elección de parte del Parlamento mediante un sistema proporcional a escala nacional- que regirá esos comicios el próximo caballo de batalla. Lo ha sido siempre.

El sistema electoral libanés es diabólico. La mitad de los diputados debe ser cristiana; la otra mitad, musulmana. Ambas se fraccionan a su vez para que cada una de las 18 confesiones tenga acogida en la Cámara. El reparto no se ajusta en absoluto a la estructura demográfica del país. La atribución de escaños se forjó cuando los maronitas constituían la mayoría, en la década de los 40. Hoy son clara minoría. Sólo los chiíes, a base de un índice de natalidad descomunal, son una apisonadora. Superan el 35% de la población.

Segundo reto: las armas de Hezbolá. A mediados de mayo, tomó Beirut oeste de un plumazo tras una delicada decisión del Gobierno que enervó a los chiíes. Hezbolá no se retiró a sus cuarteles hasta que el Ejecutivo dio marcha atrás. Siniora, Estados Unidos y Naciones Unidas abogan por el desarme de la milicia chií. Aseguran que el Ejército es el que debe hacerse cargo de la seguridad en Líbano. Pero Hezbolá, que expulsó a los soldados israelíes tras 22 años de ocupación del sur del país, se niega en redondo. Sólo dos años después de la guerra desatada por Israel en verano de 2006, que devastó pueblos en el sur e infraestructuras en todo Líbano, se antoja casi imposible que la milicia chií considere entregar su arsenal.

Una crisis política se ha cerrado. Abundan quienes piensan que será un paréntesis, aunque probablemente de cierta duración. El odio entre las sectas -especialmente entre los suníes y la derecha cristiana frente a Hezbolá- es profundo. En Líbano es opinión extendida: las milicias de todas las sectas se están rearmando.