La alcaldesa de Marbella altera el plan urbanístico de la Junta

Los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella (Málaga), el documento que provocó la protesta en las calles de unas 2.000 personas y que cosechó 8.000 alegaciones. obligarán una nueva exposición pública, ya que el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz (PP) ha introducido "cambios de calado". "Sólo se volverá a exponer las partes que han sido modificadas, no el PGOU entero", precisan fuentes municipales.

El equipo de Muñoz se cierra en banda a la hora de hablar de esos cambios. No quieren crear polémica y menos aún contribuir a que se retrase la aprobación de este documento tan necesario para la seguridad jurídica de la ciudad y la tranquilidad de muchos de sus vecinos.

La ciudad debe recibir 1,8 millones de metros cuadrados

La incontinencia urbanística del Grupo Independiente Liberal (GIL) dejó 18.000 viviendas ilegales, ahora pendientes de regularización; unos 1.000 comercios sin licencia, y 700 construcciones que se juegan la posibilidad de ser demolidas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también espera a que se apruebe el documento para decidir sobre numerosas sentencias de demolición.

La regidora del PP dice tener la fórmula para que no sean los compradores de las viviendas ilegales quienes asuman las cargas urbanísticas, pero no da detalle alguno de cómo lo conseguirá.

El PSOE marbellí, en la oposición, cree que el equipo de gobierno cambiará uno de los pilares del PGOU: el sistema de compensaciones ideado por la Junta de Andalucía para que los responsables de los desmanes urbanísticos resarcieran a los vecinos con zonas verdes o de equipamientos.

Según las fuentes consultadas, se ha acordado una rebaja de la cantidad de metros que tienen que aportar los promotores para regularizar las viviendas ilegales, con lo que el ratio de metros cuadrados de zonas verdes por habitante que calculó el equipo redactor quedaría "completamente alterado". "Han abierto el melón por la parte más sensible", aseguran.

El PGOU fue aprobado inicialmente por el equipo de gobierno hace un año. El documento establecía que los promotores de las viviendas ilegales compensaran a la ciudad con la entrega 1,8 millones de metros cuadrados para equipamientos y espacios libres.

Estos cálculos preveían que la ciudad se situara entre las mejores de Europa en cuanto a zonas verdes y lugares abiertos, con una ratio de 60 metros cuadrados por habitante, cifra comparable a la de Londres.

Durante el proceso de redacción del PGOU, el responsable de la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella, José María Ruiz Povedano, se reunió con los promotores de viviendas con problemas legales para fijar la compensación correspondiente en cada caso y que como término medio es de 104 metros cuadrados de suelo por casa construida.

"Si se rebaja, por ejemplo, de 100 a 60 metros cuadrados por casa, afectaría a una serie de cálculos que ya están hechos y la totalidad del plan", considera el concejal socialista Javier de Luis, que trabajó como asesor del PGOU tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya. Luego vendrían los cálculos por equipamientos, viales, sanitarios...

Otro de los aspectos de envergadura que se modificarán será la construcción de un nuevo cementerio y el traslado del polígono industrial de la ciudad. El arquitecto Manuel Fustegueras, encargado de la redacción del documento, decidió que el polígono de la Ermita cambiara su uso a residencial-comercial y que la mudanza se hiciera de forma paulatina.

El equipo de Muñoz asegura que todavía no ha decidido qué pasará con este enclave, situado en la entrada de la ciudad y en segunda línea de playa. Los afectados ya están pidiendo "que no se especule" con el futuro emplazamiento de la zona industrial. El traslado de los 400 industriales se haría a una parcela al norte de la ciudad, situada muy cerca del centro Comercial La Cañada. Para ello el PGOU debe calificar estos terrenos como terreno urbanizable, sectorizado y ordenado.

La delegada de Urbanismo, Alba Echevarría confía en que el Ayuntamiento marbellí llegue a tiempo para los plazos marcados: julio para la aprobación provisional y finales de año para la definitiva.

Los técnicos trabajan a marchas forzadas en los escritos de respuesta a las 8.000 alegaciones. Aseguran que ya han terminado 5.000, pero que están retrasando la entrega porque quieren enviarlas todas juntas. La fecha tope es el 15 de julio.

La parte no alterada del PGOU se aprobará en pleno, probablemente a finales de julio, pero los trámites derivados de los cambios retrasarán considerablemente el visto bueno general del documento.

Tras exposición pública de los cambios, pactada con el equipo redactor y la Junta de Andalucía, llegará el turno a las alegaciones, que el gobierno municipal debe responder después de estudiar cada caso. La delegada de Urbanismo confía en que durante esos dos meses no se reciban muchas quejas.