Una comisión decorativa

En la vida hay cosas que sólo sirven para adornar, hermosear, dar empaque o glamour. No tienen más función, que ya es mucha, en un mundo en el que la realidad convierte a la belleza en una necesidad imperante. Lo raro es que también existan en la política y en las instituciones, donde la enjundia, la sobriedad y, sobre todo, el provecho, deben ser las pautas a seguir en la generación de organismos y grupos de trabajo. En el Parlamento de Andalucía se da uno de estos casos: una comisión permanente, la de financiación de los partidos políticos, que no se ha reunido nunca en 15 años -desde que fue creada- y que, sin embargo, legislatura tras legislatura se constituye formalmente con todos sus cargos (presidente, vicepresidente, secretario, etcétera), a sabiendas de que no hay la menor voluntad de darle vida.

Es el único órgano de esta naturaleza entre las asambleas legislativas españolas

"Que exista es un absurdo", opina el constitucionalista Joaquín Urías

Ni con anterioridad ni ahora mismo, pese a que han surgido dudas en torno al caso Estepona, a los grupos parlamentarios se les ha pasado por la cabeza darle una vuelta al contrasentido de alimentar un órgano que carece de utilidad: PSOE, PP e Izquierda Unida defienden su continuidad.

Llegados a este punto la letanía de preguntas brota de manera espontánea: ¿Por qué no se usa? ¿Por qué, si no se usa, se mantiene? ¿Cuál es la razón de que a lo largo de los años sus señorías procedan, con todo el boato y la fastuosidad que exige el momento, a relevarse en los cargos y cumplimentar las actas, sin que tengan intención de hacer nada más? ¿Por qué ningún grupo ha pedido su disolución o reforma? ¿Por qué nadie ha protestado?.La Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos nació a finales de 1992 después del llamado caso Ollero, en el que se investigó, tanto en el Parlamento como en los tribunales, el presunto pago de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas de la Junta. Las sospechas de corrupción y financiación irregular de los partidos estaban entonces en plena efervescencia y al presidente de la Junta, que ya era Manuel Chaves, se le ocurrió esta iniciativa para amortiguar el impacto en la opinión pública del caso Ollero. Un año después, cuando concluyen los trabajos de la comisión de investigación de la Cámara, una de las resoluciones fue dar carácter permanente a esta comisión. En la legislatura siguiente, la cuarta, entra en el Reglamento, y hasta la fecha.

Se trata del único organismo de esta naturaleza que existe entre las asambleas legislativas españolas. Ningún parlamento tiene nada que se le parezca. Desde abril de 1993, en el que se conocieron las conclusiones del citado caso Ollero, las actas sobre la convocatoria de la comisión obedecen exclusivamente a la constitución y nombramiento de cargos. En una ocasión alguien presentó una iniciativa (1996), pero sólo se registró, luego se quedó en un cajón y jamás fue debatida.

La primera paradoja está en la disparidad entre su nombre y su contenido. El título habla de "seguimiento y control" de las finanzas de los partidos, pero cuando se definen sus competencias, las funciones son muy distintas: estudio, análisis y, en su caso, propuestas acerca de la financiación de las formaciones parlamentarias. Para la fiscalización ya están el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas. La decana de Ciencias Políticas y Sociología de Granada, Susana Corzo, opina que esta contradicción es en parte la razón de su parálisis: "Para que la comisión esté operativa no hace falta que aparezca un escándalo, su objetivo debería ser buscar fórmulas para que haya mecanismos de transparencia". Para Corzo, la "incoherencia terrible" entre el título y las funciones exigiría un cambio inmediato de nomenclatura, lo que permitiría a los parlamentarios plantear iniciativas y desarrollar su trabajo sin miedo a abrir la caja de los truenos.

El constitucionalista Joaquín Urías es mucho más tajante: "Que exista esta comisión es un absurdo, los partidos están sometidos jurídicamente y fiscalmente por la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas y el control político es una tontería si no existe un escándalo". Urías cree que la subsistencia de esta comisión a lo largo de los años sin ningún sentido es una muestra más de lo alejado que está el Parlamento de la sociedad. Y establece una disyuntiva cargada de ironía: "Una de dos: o en Andalucía hay tantos escándalos y sospechas de financiación corrupta que es necesario constituir una comisión permanente, o simplemente es una forma más de que los partidos dispongan de más medios y recursos de los que en principio parece".

Que la comisión no conozca la actividad no significa que esté flotando en el limbo, dispuesta a prestar servicio cuando haga falta. Cada uno de sus miembros tiene adjudicado un papel. Forman parte de ella dos diputados por grupo. En la actual legislatura, la presidencia corresponde al PP (María del Carmen Pedemonte); la vicepresidencia al PSOE (Pilar Navarro); secretaría, IU (Pedro Vaquero), y tres portavoces: Francisco Armijo (PP), Diego Valderas (IU) y Rafael Velasco (PSOE). Como cualquiera de los integrantes del resto de las comisiones, reciben complementos mensuales por razón de cargo: la presidenta y los portavoces, 629,58 euros; el vicepresidente, 419,72; y el secretario, 209,86. Los vocales no cobran nada, pero no hay ninguno. La presidenta dispone de un despacho propio del que carecen los diputados de a pie.

A lo mejor es por la falta de uso, pero cada grupo tiene una idea distinta de esta comisión y, por tanto, un argumento sui géneris para apoyar su supervivencia, sin tocarle un pelo. El portavoz de IU, Diego Valderas, piensa que puede servir para la continuación en Andalucía de la Ley estatal de Financiación de los Partidos Políticos, y aprovecha para condenar que no se haya reunido nunca, sin reparar en que en la tercera legislatura fue uno de los vocales que jamás presentaron iniciativas. No obstante, IU, según anunció Valderas, que es también coordinador de esta fuerza política, se propone impulsar un calendario de trabajo para profundizar en la transparencia.

Antonio Sanz, secretario general del PP, ve la comisión de una forma diferente y defiende su condición durmiente. Viene a decir que está ahí por si acaso: "No daña, no sobra, puede servir más adelante. Es bueno que exista y se active cuando sea necesario". De momento, no lo ve oportuno, y respecto a la sugerencia de IU de convocarla para tratar la supuesta corrupción del Ayuntamiento de Estepona y su conexión con una posible financiación irregular del PSOE, señala que faltan datos y pruebas de tal vinculación. Sí los hay, en su opinión, para una comisión de investigación específica.

El portavoz socialista, Manuel Gracia, admite que la comisión tuvo su origen en un momento muy determinado y forma parte de la "inercia" del Reglamento. "Es consecuencia de la expresión política de profundizar en el control en una época concreta y no ha habido motivo para convocarla, porque el control de los partidos lo realizan otros organismos". Reconoce que el sentido de la comisión no está nada claro y que su título no corresponde a las funciones, pero no se muestra partidario de forzar una reforma si no hay un consenso entre los partidos. "Al ser permanente desde hace muchos años, no se cuestiona siquiera si se suprime o no".

Otras fuentes consideran que la razón de que el organismo se haya prolongado en el tiempo no es tanto la rutina o la disponibilidad de medios adicionales por los partidos como el temor a aparecer ante la opinión pública como oscurantista. "Ningún partido quiere llevar la iniciativa de su supresión o reforma por el coste político, si bien objetivamente este órgano es un sinsentido tal y como está planteado, máxime con la existencia del Tribunal y la Cámara de Cuentas".