El PP volverá a los juzgados por el caso de la agente electoral

El PP de Galicia no se fía de las conclusiones que PSdeG y Bloque pactaron en la comisión de investigación sobre la agente electoral. El dictamen de ambos grupos fue para los populares un "paripé que no esclareció la verdad" al que ahora pretenden poner remedio en los tribunales. Por eso, el próximo lunes el PP presentará una denuncia en el juzgado de Corcubión para que se investigue el caso. Los populares se proponen contrarrestar "la estrategia" de la Xunta de "dejar que pase el tiempo" y que los ciudadanos "se vayan olvidando de esta trama".

Para que esto no ocurra y porque Galicia "no merece ni se puede permitir tener un Gobierno bajo sospecha", el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, anunció que su partido quiere que sea un juez quien reclame los documentos y los testigos que no declararon en la comisión porque el PSdeG "no tenía ningún interés en que el caso se siguiera ventilando" y porque el BNG adoptó una actitud de "complicidad" con sus socios en la Xunta. "Que los que mintieron, cuenten la verdad", reclamó Rueda, refiriéndose a Félix Porto, actual alcalde socialista de Muxía, para quien hizo campaña en Argentina con un viaje de la Xunta la supuesta colaboradora del PSdeG, María Isabel Blanco. Porto es también representante del sindicato Unións Agrarias, vinculado a la entidad orensana Viticultores de O Castro, que contrató a Blanco como administrativa.

El PP gallego pidió que, además de esta organización, declararan en la comisión varios argentinos supuestamente visitados por la agente del PSdeG. Socialistas y nacionalistas se negaron, por lo que Rueda considera que el proceso se cerró con unas conclusiones "que nada tienen que ver con lo que se intentaba esclarecer". El dictamen de la comisión, aprobado en junio sólo por PSdeG y Bloque, descartó pedir ningún tipo de responsabilidad política. Un mes antes, el líder del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reclamó sin éxito al presidente de la Xunta que destituyera los implicados en la trama: el alcalde de Muxía, Félix Porto; la diputada del PSOE Marisol Soneira, quien remitió los billetes de avión a la agente; y los conselleiros de Presidencia y Traballo.

A pesar de que Rueda afirmó que el PP de Galicia "no quiere" judicializar la vida política, esta ya es la tercera vez que lo hace. En octubre de 2006, se querelló contra el director general de Montes, Alberte Blanco, por acusar a 168 regidores del PP de "sabotaje, traición y boicot" al operativo antiincendios de la Xunta durante la oleada de fuegos. Luego, en enero de este año, los populares gallegos llevaron a los tribunales la adjudicación de las obras de la Autovía del Barbanza por presunta prevaricación. El PP gallego es experto en usar "el último recurso", como llama Rueda a la vía judicial, para "que se sepa la verdad". Si la investigación no se hubiera convertido en "la feria de mentiras", insistió Rueda, "el PP no estaría tomando esta medida".