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Por higiene, a la calle

El Ayuntamiento de Valencia desmantela un asentamiento de 18 años

Son 18 familias, llevan entre diez y 18 años viviendo en casas de adobe, en el límite de Valencia, en el barrio de La Torre. Una denuncia del PSPV sobre las condiciones en las que desde hace años viven más de un centenar de personas, incluidos unos 60 niños, ha provocado que Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, les corte la luz, saque la excavadora, inicie los derribos y les ofrezca, como alternativa, la acogida en albergues.

"Somos una familia y tenemos que estar juntos, no en un albergue"

El Ayuntamiento justifica aduce razones de sanidad para intervenir

Son gitanos, la mayoría de origen portugués. El asentamiento no es visible de la avenida Real de Madrid, aunque en sus empadronamientos figuran esa calle y los números que señalan plantas bajas. El aparcamiento de una empresa y un edificio esconden el callejón que da acceso al conjunto de infraviviendas. La excavadora se llevó por delante el martes cinco chabolas. El resto son casas de adobe, algunas con propietario conocido, otras no. A través de contratos no escritos, los inquilinos han pagado entre 60 y 130 euros al mes. Ayer, la policía les comunicó que las casas se derriban. La alternativa, la acogida en un albergue, es rechazada por todos. "No podemos hacer vida de familia", decía ayer Lourdes de Jesús, de 39 años, madre de dos hijos, uno de ellos, Christian, de dos años, con una minusvalía superior al 80%. El pequeño necesita tomar una medicación que precisa ser conservada en la nevera. Desde la madrugada del martes, las medicinas están en un cubo con hielo.

Según explicaron ayer los propios afectados, la Fundación Secretariado General Gitano conoce que todos los menores están escolarizados, todos pasan las revisiones médicas correspondientes y que los servicios sociales trabajan con el grupo desde hace años. El Ayuntamiento reconoció el trabajo desde los servicios sociales, pero no ofreció alternativa.El marido de Lourdes, Antonio Bernardo, de 43 años, está en paro desde hace unos meses. Ha trabajado de maquinista, de albañil "y de barrendero cuando las Fallas a través del Ayuntamiento". Llevan 17 años en la que consideran su casa, tres solicitudes de vivienda social al Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) que les han venido denegadas y no tienen a donde ir. "Mi madre", explica Lourdes, "duerme en la calle, en la caravana, porque no tenemos más sitio y los niños son lo primero. Aquí no ha venido nadie a decir nada. Lo hemos hecho todo como nos han dicho. Y los asistentes sociales nos dicen que nos ofrecen un albergue. Mi hijo no está para un albergue. Somos una familia y tenemos que estar juntos".

Ellos, como los demás, miraban ayer cómo las excavadoras quitaban los últimos restos de las cinco chabolas que echaron abajo el martes. Algunos de los que las ocupaban han sido acogidos por vecinos. Otros simplemente desaparecieron.

Pero los que aún tienen las casas en pie, a quienes la policía local comunicaba ayer que las iban a tirar inmediatamente, no tienen sitio ni medios para acoger a otros. María Albertina, de 49 años, con una diabetes aguda, madre de seis hijos, de los que aún tiene en casa a dos, sobrevive con los trabajos que temporalmente consigue su marido. También acumula solicitudes de vivienda social, con respuesta negativa. Atiende a sus nietos y se pregunta: "¿Por qué nos tiran de aquí sin una explicación? ¿Por qué sin un lugar al que ir? ¿A quién hemos hecho daño nosotros?". María Albertina tiene un hijo ingresado en el psiquiátrico de Bétera. Sufre esquizofrenia. "Los fines de semana viene a casa. ¿Adónde me lo llevo? ¿A un albergue?"

El concejal del Ayuntamiento de Valencia Miguel Romeu es quien ha firmado el decreto para que se proceda a desalojar el asentamiento. Según fuentes del Consistorio, tras la denuncia del PSPV, se procedió a elaborar un informe sanitario y otro de la Policía Local. El resultado de ambos, según las mismas fuentes, ha servido para determinar que la actuación procedente es derribar las casas y echar a sus ocupantes. Según la Corporación municipal, los albergues permiten la vida familiar y no tienen límite de estancia siempre que los trabajadores sociales comprueben que la evolución de los usuarios es la correcta.

Los afectados no quieren un albergue. Quieren seguir yendo al mismo médico que les ve desde hace años. "Aquí está mi cartilla", enseñaban ayer a la vez Albertina y Alicia, esta última con obesidad mórbida, que vive de noche enganchada a un respirador de oxígeno eléctrico que no funciona porque anteayer el Ayuntamiento dejó el asentamiento sin suministro. Lleva dos noches durmiendo sentada en la calle. Las familias quieren que los niños sigan yendo al colegio Padre Manjón, donde acuden a clase. Seis de los más pequeños del asentamiento tenían todo listo para irse en breve de campamento a Ayora. "Mi hijo ya había ido el año pasado. Tiene una ilusión loca. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Le dejo ir y cuando vuelva que no tenga ni casa?", dice Elena. Ella, además, tiene a su marido, Adelito, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El pasado lunes le dio el segundo infarto. El hombre tiene aprobada una pensión que ronda los 320 euros, pero que aún no se ha materializado porque le falta el comprobante de cinco años de empadronamiento. Ella ha tenido durante dos meses

una ayuda de 400 euros. "¿Qué alquiler me pago?"

El Ayuntamiento aseguró ayer que la única razón de intervenir en el asentamiento es sanitaria, evitar que sobre todo los niños estén sometidos a condiciones insalubres que pueden tener graves consecuencias. Fuentes del Consistorio afirmaron que no existe ninguna actuación urbanística prevista en el lugar que ahora ocupan las 18 familias gitanas. "Hemos ido a alquilar un piso y al vernos nos han dicho no, sin más, ¿sólo nos queda la calle?", dijo Lourdes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de julio de 2008