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COLUMNA

Entre poder y servicio, la justicia sin barrer

El día 8 de julio se conmemorará el centenario del histórico Palacio de Justicia del paseo de Lluís Companys. El aniversario coincide con el inminente traslado de la mayoría de los organismos judiciales de Barcelona a la nueva y reluciente Ciudad Judicial, edificada en los terrenos de los cuarteles de Lepanto en L'Hospitalet. ¿Será éste el presagio que nos indique que se va a modernizar un servicio público cuyas prácticas organizativas son más centenarias que contemporáneas? Más allá de la retórica, lo cierto es que la Ciudad Judicial aparecía como ocasión para la mejora del sistema judicial. Una inversión de la Generalitat de cerca de 300 millones de euros, no tiene precedentes, pero al final aparecen más malhumores y críticas que percepción de mejora. Para muestra, el artículo de hace unos días en estas páginas que auguraba todo tipo de males si no se rectificaban urgentemente algunas de las decisiones tomadas con relación a la mencionada ciudad (EL PAÍS, 21 de junio).

La reforma legislativa que el Estado debe hacer es la ocasión para convertir la justicia en el servicio público de una sociedad avanzada

El asunto tiene historia y no es bueno frivolizar sobre algo que afecta directamente a la vida de muchos catalanes. Ante todo, hay que recordar la situación peculiar de la justicia en España. A diferencia de los poderes legislativo y ejecutivo, que comparten Estado y comunidades autónomas, la justicia sigue siendo una atribución del Estado en todo lo sustancial. En sistemas federales parecidos al nuestro, el poder judicial es compartido sin problemas. La intervención de la Generalitat se limita pues, por ahora, a la provisión de medios materiales -edificios, tecnología...- y desempeña un papel residual en materia de personal para mitigar los graves defectos de un mal planteamiento estatal.

Los sucesivos gobiernos de la Generalitat emprendieron la renovación de instalaciones judiciales obsoletas y en las últimas bocanadas del Gobierno de Pujol se apostó por la creación de una Ciudad Judicial que concentrara y renovara las dependencias de los partidos judiciales de Barcelona y L'Hospitalet, así como la Audiencia Provincial de Barcelona. La decisión preveía la construcción de 200.000 metros cuadrados en poco más de cinco hectáreas de suelo. La densidad prevista era notable, muy superior a la de otros equipamientos públicos. La decisión fue asumida por el Gobierno de Maragall, que extendió el esfuerzo inversor a todos los partidos judiciales catalanes. En la Ciudad Judicial, decidió rebajar la edificabilidad, incorporó algunas dotaciones de vivienda social para evitar el efecto downtown que desertiza espacios urbanos ocupados por oficinas y conservó algunas dependencias judiciales en el centro histórico.

Una obra de esta envergadura, que afecta a tanta gente (ciudadanos en primer lugar, pero también magistrados, personal de apoyo, abogados, procuradores, etcétera), no puede pasar inadvertida y provoca controversia, ante todo por la ubicación. Estamos en una ciudad acostumbrada a desplazamientos cortos (en términos europeos y globales). Cuanto más importante es o se siente la persona afectada, más alucinante encuentra tener que ir a sitios considerados periféricos. Por otra parte, la decisión inicial de concentración se ha corregido. En estos momentos, es tan discutible la congestión de tantos servicios (con los riesgos de seguridad y de gestión que comporta) como que no se concentren todos. A la vez, a lo largo del proceso se han oído voces que señalaban incomodidades reales o percibidas por los potenciales ocupantes del lugar: desde el tamaño de los despachos a la falta de plazas personalizadas de aparcamiento, pasando por la existencia de salas de vistas a disposición de varios juzgados o la distribución de las oficinas judiciales. Vecinos, personal de la Administración de justicia, abogados y procuradores tienen opiniones coincidentes o divergentes, según el tema o la prioridad de unos aspectos sobre otros.

En realidad, detrás de lo que para algunos es una decisión discutible y mal implementada, se esconden temas más de fondo. Pocos se atreven a plantear abiertamente preguntas básicas si de verdad se cree que la justicia es un servicio público. Por ejemplo, ¿tiene sentido una demarcación judicial que mantenga a toda la ciudad de Barcelona -o incluso a L'Hospitalet- en un único partido judicial? ¿Pueden coordinarse eficazmente de manera centralizada su centenar de órganos judiciales? ¿Es racional que cada uno de ellos cuente con órganos de decisión unipersonales, cuando ello resulta totalmente contradictorio con las formas de organización más eficientes y operativas? ¿Es admisible una más que borrosa responsabilidad en la dirección del personal? ¿Es sostenible el minifundismo de servicios administrativos que comporta esa fragmentación? ¿Es razonable que cada órgano judicial disponga de su propia y exclusiva sala de vistas, cuando a menudo se usa dicha sala sólo tres mañanas por semana? ¿No podrían organizarse los horarios y las vacaciones judiciales de manera que el ciudadano fuera atendido a lo largo de toda su jornada laboral y durante todo el año, sobre todo teniendo en cuenta los expedientes y casos acumulados y en espera de ser tramitados?

El debate sobre una ciudad judicial ideal al margen de estas consideraciones es totalmente engañoso. Al final se acaba discutiendo cómo el nuevo continente material tiene que adaptarse al viejo contenido, cuando parecía que de lo que se trataba era de remover y mejorar el contenido aprovechando el cambio de continente. El contenido -la organización de la justicia- difícilmente mejorará con nuevos edificios o con meras políticas incrementalistas, que nunca acaban de satisfacer las exigencias de un servicio mal planteado. El nuevo Estatuto y la futura reforma legislativa que el Estado debe acometer son la ocasión para convertir la justicia en el servicio público de una sociedad avanzada. Para ello resulta imprescindible transferir a la Generalitat competencias efectivas en gestión de personal, mapa territorial, organización de la oficina, etcétera. De este modo, más allá de retoques superficiales, se podría evitar que un gran esfuerzo público como es el de la Ciudad Judicial de Barcelona y L'Hospitalet se vea malogrado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de julio de 2008