Roca será juzgado por el 'caso Saqueo' en septiembre
La Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo 25 de septiembre el llamado caso Saqueo por el desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) entre 1991 y 1995, en el que se sentará en el banquillo, entre otros, el ex asesor urbanístico del consistorio Juan Antonio Roca.
Además de Roca, en el sumario están procesados los empleados de las sociedades municipales Planeamientos 2000 y Contratas 2000 Francisco Javier Herrera y Eduardo Gonzálvez, la esposa del gerente de la última empresa citada, Purificación Notario; el asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil, José Luis Sierra, y el considerado contable del entramado financiero, Manuel Jorge Castel.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción solicita diez años de prisión para Gonzálvez, Roca, Sierra y Castel por un delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de falsedad en documento mercantil y ocho años de cárcel para Notario y Herrera, a los que sólo acusa por el primer delito.
Desvíos
El fiscal dice que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL) "los acusados decidieron de forma concertada desviar, desde el Ayuntamiento o bien desde sus propios cargos en las sociedades municipales, los fondos públicos del municipio en su propio beneficio o en el de terceros". "Para ello crearon unas sociedades municipales que, con la excusa de gestionar a través de ellas la actividad municipal mediante el envío de fondos municipales, ya sin el control del Pleno municipal, los sustrajeron de las arcas públicas", añade.
Así, Sierra, que actuaba como asesor jurídico de Gil, "diseñó el sistema de las sociedades municipales, su estructura y funcionamiento y gestión para poder obtener los fines indicados por el entonces alcalde". Una de las primeras en constituirse fue Contratas 2000 S.L., de la que fue nombrado gerente el esposo de Notario, José Luis Jiménez -ya fallecido-, quien abrió varias cuentas bancarias a nombre de la sociedad en las que él era el único que podía disponer de los fondos.
Gil ordenó que se realizasen transferencias bancarias de dinero municipal a las cuentas de Contratas 2000, desde las que a su vez comenzaron a salir diversas cantidades "cuyo destino, ajeno a los intereses públicos, es en algunos casos conocido y en otros no".
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