Los vecinos ven inviable el plan de El Cabanyal sin el capital privado

La huida del capital privado de la sociedad mixta que ejecuta el plan de El Cabanyal ha dado nuevos bríos a las protestas de los vecinos que intentan desde hace una década parar la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a costa de 1.600 viviendas del barrio. "A los socios privados no les salen las cuentas", constató ayer la Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar, que se sumó a la conclusión de la oposición socialista de que el gobierno local del PP se empeña en un proyecto "sin consistencia y sin viabilidad económica, social y patrimonial". "La decisión de las empresas demuestra la nula viabilidad económica del proyecto", abundó la plataforma Salvem El Cabanyal, que insistió en que se retire en favor de un "plan de rehabilitación sin destrucción y con la participación ciudadana". "Las empresas nunca han creído en este proyecto" y se sintieron presionadas a participar, en opinión de la plataforma.

Animadas o no a entrar en la sociedad, el caso es que las 11 empresas que reúnen el 45% de Cabanyal 2010, SA, han sido ahora invitadas a dejarla, según la versión del teniente de alcalde, Alfonso Grau. El responsable municipal dio varios giros de 180 grados en su empeño en negar que la crisis inmobiliaria ha sido clave para que las empresas retiren su respaldo. Según Grau, la situación económica "nada tiene que ver, en absoluto" con la venta de las acciones privadas, a pesar de que fuentes de las promotoras así lo han confirmado. La Generalitat y el Ayuntamiento, con el 55% restante de la sociedad, han llegado a la conclusión de que ganarán en "libertad y agilidad" si impulsan solas el proyecto, sostuvo Grau, que considera ahora "innecesario" el dinero de las empresas, a pesar de que el fuerte endeudamiento de las administraciones fue uno de los motivos por los que se impulsó hace tres años la sociedad mixta. Si las promotoras no eran imprescindibles para el plan, que costará más de 270 millones de euros, ¿para qué se pidió su participación? "Aportaban su experiencia, sus conocimientos de gestión y el voluntarismo de su respaldo al proyecto", respondió Grau. Un voluntarismo que se traduce en más de 7,8 millones de euros que las empresas quieren recuperar y que pagarán las administraciones en tres plazos.

La salida de las promotoras tiene otra ventaja, a juicio de Grau, y es que se acabará la "crítica política" al supuesto interés especulativo del plan. Esas críticas nunca han hecho mella en el gobierno local, y tampoco las que ayer lanzó el concejal socialista Vicente González Móstoles, quien exigió que se dé carpetazo al plan de El Cabanyal. "Ni retraso, ni renuncia, ni modificación del plan", replicó Grau.