Los partidos se preparan para afrontar un parón en el desarrollo autonómico

Transcurridos los primeros 100 días de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, en los partidos políticos gallegos ya nadie duda de que las demandas de mayor autogobierno de Galicia se van a topar con un escenario plagado de dificultades. La comunidad gallega apenas aprovechó los cuatro años anteriores, durante los cuales la mayoría de las autonomías sacaron partido de la buena disposición del PSOE en este ámbito para incrementar sus competencias e incluso, allí donde hubo acuerdos políticos, actualizar sus estatutos de autonomía.

Las recientes dificultades con las que se ha encontrado la Xunta para cerrar el traspaso de cuatro competencias (el Parque Nacional das Illas Atlánticas, el personal civil perteneciente al Hospital Militar de Ferrol, la potestad para la declaración de utilidad pública de las asociaciones y la capacidad de homologar y convalidar los títulos no universitarios extranjeros) ha venido a demostrar que no va a ser fácil incrementar el autogobierno, incluso cuando se trata, como es el caso, de competencias que todas las partes coinciden en calificar, en la mayoría de los casos, como "menores".

De hecho, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, asegura que va a ser difícil articular soluciones para traspasar las cinco competencias aún pendientes cuya negociación Zapatero se comprometió a desbloquear a cambio del respaldo del BNG a la ministra de Fomento: archivos y bibliotecas, la gestión de las becas, los bienes de la Seguridad Social, el saldo de la deuda de superficie que el Estado mantiene por la ejecución de transferencias y la definición de las condiciones para el traspaso de la Inspección de Trabajo.

Mayor importancia tienen, no sólo en términos económicos, sino políticos, las competencias de tráfico y seguridad vial, sobre las que Elena Salgado admitió la semana pasada la existencia de "cierta diferencia de criterio" entre el Gobierno central y la Xunta.

Fuentes socialistas restan importancia a las declaraciones de la ministra en relación con la competencia de Tráfico, el traspaso de mayor calado de todos los que ha reivindicado Galicia desde la llegada a San Caetano del actual Gobierno bipartito, pero reconoce en privado que los tiempos que se avecinan no van a jugar precisamente a favor del incremento del autogobierno.

En el PSdeG recuerdan que el traspaso de tráfico ya se encontró con dificultades en el País Vasco y Cataluña, las dos únicas comunidades que han asumido esta competencia. El problema, aseguran, guardia relación directa con el despliegue de la policía autonómica y con los problemas que el Ministerio de Interior afirma padecer para coordinar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la Ertzaintza y los Mossos. El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba se ha convertido en el principal opositor a esta demanda.

En el BNG recuerdan que tanto las nueve competencias en la agenda de la comisión mixta de transferencias (cuatro de ellas ya firmadas) como el traspaso de tráfico son el resultado de un acuerdo político suscrito por su líder, Anxo Quintana, con el presidente del Gobierno, así que sólo esperan que Zapatero cumpla su palabra. "No se entendería", aseguran, que el PP o el PSOE votaran en Madrid de forma distinta a como lo han hecho en Galicia, donde han respaldado la proposición de ley que reclama la delegación de la competencia.

Negociación estatutaria

Los nacionalistas quieren resolver ambas materias este mismo año porque se han fijado como objetivo reabrir las negociaciones para la reforma del Estatuto en 2009, inmediatamente después de las elecciones autonómicas. En el BNG están convencidos de que el PSOE ha iniciado un proceso de "derechización" con el abandono de las políticas sociales. Y cuando los socialistas se inclinan a la derecha, recuerdan, las consecuencias las sufre el desarrollo autonómico.

En el Partido Popular creen que el Gobierno Zapatero "metió la pata" en materia autonómica en la legislatura anterior y ahora pretende que sea el autogobierno de Galicia el que pague "el cambio de rumbo" de su política en relación con el modelo territorial. El parón, aseguran, va a poner en evidencia la falta de peso de Galicia en el conjunto de España y la mala gestión de la Xunta a la hora de negociar nuevas competencias.