La fiscalía reclama para la Audiencia el crimen organizado

La memoria de la fiscalía de la Audiencia Nacional relativa a 2007 recoge varias propuestas de reformas legislativas, entre las que destaca que ese órgano judicial central con jurisdicción en todo el territorio nacional asuma la persecución del crimen organizado transnacional.

El fiscal pretende que la financiación del terrorismo sea delito autónomo

En los últimos años, según la memoria, este fenómeno criminal ha tenido gran envergadura por su capacidad para adaptarse a los distintos contextos políticos y sociales, con "un extraordinario poder de corrupción y contaminación de la organización social" porque ejerce una enorme influencia en las estructuras políticas y económicas de algunos Estados y "su erradicación resulta especialmente difícil por su comprobada capacidad de neutralizar la acción represiva del Estado".

La atribución de competencias que la ley orgánica del Poder Judicial hace a la Audiencia es, según la fiscalía, "claramente insuficiente". A su entender, "no abarca otras manifestaciones del crimen organizado que han adquirido enorme importancia: las redes organizadas dedicadas a los tráficos ilícitos de personas -prostitución, trata de blancas, inmigración ilegal, explotación laboral- al robo y contrabando de vehículos, al tráfico de armas y explosivos a la falsificación de documentos y de medios de pago, al robo y tráfico ilegal de obras de arte, al secuestro y la extorsión". Por ello, la fiscalía considera que ha llegado el momento de redefinir las competencias de la Audiencia para convertirla en "una institución judicial especializada en la represión y persecución de la delincuencia organizada".

Esa reforma legislativa debería ir acompañada, paralelamente, de la creación de juzgados de instrucción especializados en los territorios autonómicos y provincias en los que existe una mayor incidencia de este tipo de delincuencia. En definitiva, se trata de buscar una estructura similar a las que ya funcionan en la Fiscalía Anticorrupción o en la Fiscalía Antidroga.

No es la única reforma legislativa que se propone, puesto que la memoria, sostiene que para unificar las legislaciones de la Comunidad Europea en materia de terrorismo, la financiación del terrorismo debería ser tipificada como delito autónomo y no como una de las modalidades de la colaboración con banda armada. Lo mismo ocurre con el reclutamiento de terroristas, su adiestramiento o la inducción pública a la comisión de delitos de terrorismo, que ahora son consideradas formas de colaboración.

Sin embargo, la armonización de las legislaciones de los Estados de la Unión Europea aconseja que se incorporen expresamente tales conductas en la relación de actos que constituyen colaboración con organización terrorista. La distribución o difusión pública de mensajes destinados a inducir a la comisión de un acto de terrorismo, señala el escrito, tiene "inexcusablemente" que incorporarse al Código Penal.

La memoria recoge un elogio a la justicia española por haber celebrado en tan poco tiempo a los responsables de los atentados del 11-M de 2004. "A diferencia de otros países no resultó necesario modificar con urgencia las leyes, ni ampliar los plazos de detención de los sospechosos, (...) ni construir guantánamos jurídicos asentados sobre la negación del Estado de derecho".