Los rectores piden que exigir catalán no impida atraer a los mejores profesores
Las universidades públicas no se oponen a que se pida saber la lengua
Los rectores catalanes se despacharon ayer con una de cal y otra de arena ante la exigencia de que los nuevos profesores universitarios tengan que saber catalán a partir de las próximas convocatorias de plazas. Los siete rectores de las universidades públicas no se opondrán a que se exija el nivel C de catalán [un nivel alto] como quiere la Generalitat. Pero destacan que eso no debe ser un "impedimiento" para "ser multilingües" y que las universidades tienen que ser "europeas y atraer a los mejores estudiantes, profesores e investigadores de todo el mundo".
Los contratados temporales tendrán hasta dos años para acreditar el nivel
La Generalitat quiere que la medida se aplique el próximo curso
Los rectores podrán eximir de la exigencia a algunos docentes
También se indica en el comunicado de los rectores que se conviertan los campus catalanes en "universidades abiertas al mundo", en línea con las bases futuras de la Universidad catalana, plasmadas en el Libro Blanco presentado hace dos semanas.
Con estas frases, se cierran unos días de tensión entre algunas universidades y el Comisionado de Universidades e Investigación, que encabeza Blanca Palmada, sobre la exigencia de que los nuevos profesores deban superar una prueba de catalán. El nivel C que se quiere exigir incluye el dominio del catalán oral y escrito.
En general, son las universidades más grandes e internacionalizadas las que habían puesto algunos reparos a exigir el catalán a los docentes. La Autónoma de Barcelona había puesto algunos y más tarde lo hizo la Pompeu Fabra.
Finalmente, el comunicado conjunto de ayer de las universidades públicas catalanas tiene el respaldo de los siete rectores: Josep Samitier, de la Universidad de Barcelona; Lluís Ferrer, de la Autónoma; Antoni Giró, de la Politécnica de Cataluña; Josep Joan Moreso, de la Pompeu Fabra; Anna Maria Geli, de la Universidad de Girona; Joan Viñas, de la de Lleida, y Francesc Xavier Grau, de la Rovira i Virgili. "Las universidades vamos a aplicar la medida. La normativa aprobada tiene excepciones que permiten márgenes de actuación a las universidades y, además, destacamos que la catalanidad es compatible con la faceta internacional que debemos tener", dijo una fuente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas, que preside la rectora de la Universidad de Girona, Anna Maria Geli.
El Consejo Interuniversitario de Cataluña, que reúne a la Generalitat y las universidades, aprobó el 11 de junio que se exija el nivel C de catalán a los nuevos profesores a propuesta de la comisionada de Universidades. No hubo, sin embargo, votación y la propuesta salió adelante "por unanimidad y asentimiento", dijeron ayer fuentes de la Generalitat y de las universidades.
El Gobierno catalán está estudiando ahora si es necesario un decreto que recoja el acuerdo del Consejo Interuniversitario de Cataluña o basta, por el contrario, con éste para que la medida pueda entrar en vigor el próximo curso, dijo ayer Palmada.
La medida sólo afectará a los nuevos docentes de universidades públicas y privadas catalanas que se incorporen desde las próximas convocatorias. Esto incluye tanto a catedráticos como a profesores agregados, profesores lectores o asociados.
Así consta en el documento aprobado el 11 de junio (artículo 2) por el Consejo Interuniversitario de Cataluña.
Habrá, sin embargo, algunas excepciones que darán margen a las universidades para no exigir el catalán a todos los nuevos profesores y perder capacidad de fichar talento por este motivo. La primera excepción señala que quedará exceptuado el profesorado visitante, el profesorado emérito y el que desarrolle una actividad académica honoraria. La segunda excepción, más discrecional, deja manos libres a los rectores para eximir de conocer el catalán a los profesores que "desarrollen tareas vinculadas a la docencia o la investigación en terceras lenguas", que no sean el castellano o el catalán.
Finalmente, habrá una tercera excepción que consiste en que las universidades podrán dar un plazo de hasta dos años para exigir el catalán a los profesores contratados temporales "que no acrediten el conocimiento suficiente de catalán en los concursos de selección". En esta situación están los profesores lectores, el primer escalón para incorporarse a la carrera profesional docente.
La comisionada de Universidades e Investigación da argumentos jurídicos para exigir el catalán a los profesores. Y cita los artículos 35 y 50 del Estatuto de autonomía, que indican que el catalán "se ha de utilizar normalmente como lengua vehicular de aprendizaje en la enseñanza universitaria", que el profesorado y el alumnado tienen derecho a expresarse oralmente y por escrito en catalán y que los centros "deben adoptar medidas para garantizar el uso del catalán en las actividades docentes, no docentes y de investigación".
En la práctica, más del 60% de las clases universitarias ya se imparten en catalán, según datos oficiales de hace dos cursos. El resto son en castellano, salvo una pequeña parte que se imparte mayoritariamente en inglés, sobre todo en algunas carreras cientificas y en economía.
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