El juez ignora los informes psicológicos y deja libre a un cura que abusó de niñas

El cura de Peñarroya José Domingo Rey salió de la prisión de Córdoba el 18 de junio con un auto de libertad condicional bajo el brazo. Ha cumplido las tres cuartas partes de la condena que se le impuso en 2003 por haber abusado sexualmente de seis niñas, de entre 8 y 10 años, durante las catequesis. El problema reside en que la Junta de Tratamiento de la cárcel cordobesa informó desfavorablemente. Instituciones Penitenciarias se opuso a la concesión de la libertad condicional basándose en los análisis psicológicos, de los que se desprende que el condenado mantiene una posición de "no asunción del delito". En el informe se señala como el sacerdote se muestra "muy rígido en su discurso" y se ampara "en los valores morales" de su profesión para sentirse diferente al resto de reos.

El magistrado Rabasa no cree que haya peligro de reincidencia

La Ley General Penitenciaria establece que la Junta de Tratamiento de las prisiones "emitirá un informe pronóstico final, en el que se manifestarán los resultados conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad, que, en su caso, se tendrá en cuenta en el expediente para la concesión de la libertad condicional". Fuentes jurídicas detallaron ayer que los magistrados discrepan sobre si la opinión de la prisión es vinculante o no, aunque reconocieron que "no es habitual" que los jueces ignoren estas recomendaciones.

Pero, en este caso, Luis Rabasa, el magistrado que dictó el auto de libertad condicional el 20 de mayo de este año, contaba con otro dato más: la Fiscalía informó favorablemente respecto a la salida de prisión. Según fuentes del ministerio público, esta medida se adoptó al entender que "globalmente" la valoración hecha por el centro podía considerarse positiva. El informe de pronóstico final es algo así como un examen que se hace del recluso. Y el cura aprobó todo salvo el análisis psicológico. En el escrito se detalla como el reo ingresó de forma voluntaria en el centro en junio de 2004, ha participado activamente en las actividades, tiene una "buena conducta", posee apoyo familiar fuera y no se han detectado incidencias en sus salidas. Pero, como se apreció la no asunción del delito, la conclusión final del pronóstico fue desfavorable.

Por su parte, Rabasa afirmó ayer que uno de los argumentos de peso que le llevaron a tomar esta decisión es que el reo "lleva tiempo saliendo a la calle para ir a trabajar" para la Iglesia, ya que sigue siendo sacerdote. El juez estima que el análisis psicológico es sólo "un voto particular dentro del informe". Rabasa añadió que "no existe peligro de reincidencia", aunque dejó claro que es imposible estar siempre seguro al 100%.

La no asunción de los hechos es una constante en este caso. Los abusos consistieron en tocamientos en la zona vaginal a las menores. Los padres acudieron al Obispado antes de recurrir a la vía judicial y la respuesta que recibieron fue que el asunto "no era creíble y carecía de importancia", según detalló uno de ellos. El sacerdote fue condenado en mayo de 2003. Se le impuso una pena de 11 años, que se redujo hasta los seis al haber cometido en todos los casos el mismo delito. El Obispado no apartó al sacerdote de la parroquia tras el fallo, que finalmente fue confirmado por la Audiencia Provincial en febrero de 2004. Tras conocer esta segunda decisión judicial, la Iglesia mostró su "apoyo y cercanía" al sacerdote y argumentó que el cura "ha declarado reiteradamente a su obispo no haber incurrido nunca en comportamientos morales incompatibles con su condición sacerdotal". Un día después, se rectificó y se destituyó al párroco.