Urbanismo empantanado en Catral

Catral (9.400 habitantes), en el prelitoral de La Vega Baja, está preso desde hace un lustro de su doble cara urbanística: la legal, el casco urbano; y la ilegal, 1.300 chalés diseminados en tres millones de metros cuadrados de huerta. Esta segunda cara urbanística (el 25% del parque de viviendas) llevó al Consell a intervenir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio el 3 de octubre de 2006. La iniciativa la impulsó el entonces consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, en vísperas de la moción de censura del PSPV al jefe del Consell, Francisco Camps. Un año y ocho meses después de la suspensión del PGOU, la fisonomía urbana de Catral no ha variado un ápice: las casas ilegales siguen en pie en espera de un plan definitivo para legalizarlas. El Consell se ha limitado a abrir 217 expedientes por infracción urbanística, mientras el Ayuntamiento, gobernado por el PP desde mayo de 2007, se afana en elaborar una propuesta de concierto previo para legalizar las casas. El equipo de gobierno ha elaborado ya cuatro borradores. "Confiamos en que el Consell dé el visto bueno al último en la reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo del próximo día 19", aseguró ayer el alcalde, Aurelio David Albero. "Nuestro objetivo es legalizar toda la trama a base de pequeñas bolsas, con viales, zonas verdes e infraestructuras", subrayó. El primer edil no supo cuantificar el coste que acarreará incluir dentro de ordenación las edificaciones. "Nuestro objetivo es que cueste lo que cueste lo paguen los constructores y promotores, y los propietarios, pero nunca los vecinos del casco urbano ni los agricultores que se han mantenido al margen del proceso urbanizador en la huerta". Albero, con todo, admite el lastre que suponen las casas ilegales para la economía del municipio. "Son residentes que no pagan impuestos y sí reciben servicios, como basura, correos, sanidad y educación, que han elevado la deuda del Consistorio hasta 1,8 millones de euros", aseveró.

La inactividad del Consell tras la intervención del PGOU es la primera baza de la crítica del grupo municipal del PSPV. "El Consell se limitó a dar un pelotazo mediático, y después se olvidó", afirma Francisco Illán, único edil socialista en la actual corporación. Las casas ilegales, levantadas entre 2000 y 2007, bajo el mandato del ex socialista José Manuel Rodríguez Leal, fueron una tumba electoral para el PSPV de Catral. El partido expulsó al ex regidor y cuatro ediles más y a otra decena de militantes que avalaron la lista alternativa de Rodríguez Legal (Socialistas por Catral, que obtuvo cinco ediles). Este grupo de ex socialistas represaliados concluye que el único efecto tangible de la "ejemplarizante" iniciativa de la Generalitat ha sido la fractura y pérdida del poder de los socialistas en Catral. Illán comulga con esta tesis y admite: "Las relaciones con nuestros ex compañeros son inexistentes".

En plena huerta del término, propietarios de casas ilegales y agricultores apuntan a la misma cabeza como responsable del caos, el ex alcalde Rodríguez Leal. "El tema es grave y estamos preocupados", asegura Marco, un galés propietario de una casa en el límite con el parque del Hondo. "Han destrozado la huerta, y ahora quieren que también paguemos la legalización de las casas", señaló José Vicente García, propietario de una graja ovina. "Por ahí, no pasaremos", añade.

La parálisis administrativa que atenaza las casas ilegales de Catral es extrapolable a la investigación judicial. Cuatro años después del inicio de la instrucción, el juzgado no tiene claro a quién imputar: Sólo tienen esa condición el ex alcalde y cuatro ediles de su junta de gobierno.