Un técnico de Estepona ganaba 2.000 euros por cada convenio

El ingeniero municipal de Estepona (Málaga) Xavier Wittmeur, encargado de la tasación oficial de las fincas de la localidad, recibía 2.000 euros todos aquellos meses en los que realizaba valoraciones a la baja de los terrenos que eran objeto de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y distintos promotores privados. Según fuentes judiciales, Wittmeur, actualmente en prisión provisional por la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona, elaboró tasaciones supuestamente falsas en trece acuerdos para modificar la calificación urbanística de diferentes suelos de la ciudad vecina de Marbella.

Wittmeur, acusado de falsedad en documento público, fraude y malversación, recibía los pagos de un modo muy discreto: directamente en su nómina. Cada mes en que presentaba una valoración supuestamente fraudulenta, en su nómina se ingresaban 2.000 euros en concepto de plus de productividad, según las mismas fuentes. En los meses en los que el Ayuntamiento no celebraba convenios urbanísticos o en los que Wittmeur no participaba, el ingeniero municipal no recibía dinero extra. La policía descubrió los pagos cotejando las hojas de nómina del empleado municipal con las fechas de los convenios en los que presentó peritaciones irregulares.

La diferencia entre la tasación oficial a la baja y el valor real de mercado de los terrenos objeto de convenio se utilizaba, según los investigadores, para el pago de comisiones a diferentes técnicos y políticos del Ayuntamiento.

Dinero para las fiestas

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en los registros hallaron al menos 90.000 euros en metálico en el despacho de la concejal de Cultura y Fiestas Mayores, Asunción López, expulsada cautelarmente del PSOE. Según fuentes judiciales, cuando fue arrestada, la edil aseguró a los agentes que la cantidad estaba destinada a sufragar actos de la próxima feria de Estepona, que se celebrará en agosto. Este periódico intentó, sin éxito, contactar con la edil.

López, concejal desde 2003, es actualmente segunda teniente de alcalde y hasta la suspensión de militancia era miembro de la ejecutiva provincial del PSOE malagueño. Casada con el ex concejal Manuel Puertas, asumió la portavocía del grupo municipal socialista en 2006, cuando fue destituido en ese cargo David Valadez, el concejal del PSOE que supuestamente puso a la justicia sobre la pista de la trama. Ayer, los investigadores tomaron declaración en la comisaría de Estepona a varias personas vinculadas al Ayuntamiento.

Una de las primeras en ser escuchadas como sospechosa fue Patricia Rojo, abogada del área de Urbanismo e hija de Javier Rojo, presidente del Senado. La abogada no hizo declaraciones al salir de comisaría. También testificaron como sospechosos el abogado Ignacio Pérez de Vargas y el primer teniente de alcalde, el andalucista Rafael Montesinos. El martes prestó declaración Juan Carlos Gurrea, y no su hermano Aurelio, como informó ayer erróneamente este periódico.