Espadas descarta una legalización masiva de casas en La Axarquía

La legalidad urbanística no admite ni atajos ni excepciones. Ese fue en esencia el mensaje que el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Juan Espadas, trasladó ayer a los 31 alcaldes de la comarca de La Axarquía, donde se estima que existen más de 9.000 viviendas ilegales en suelo rústico. El consejero apostó por buscar fórmulas de normalización, pero fue muy claro al asegurar que "donde haya decisiones erróneas de los ayuntamientos en materia de disciplina urbanística, habrá que corregirlas".

El consejero avisa de que algunas construcciones "no podrán continuar"

Sentada la premisa de la imposibilidad de la amnistía, el consejero ofreció la máxima colaboración y esfuerzo de su departamento para resolver la proliferación de diseminados rurales, un problema "endémico y muy acentuado" en esta comarca de tradición agraria, pero dentro del marco que ya ofrece el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Axarquía, aprobado hace dos años sin que hasta el momento se hayan explorado las salidas que ofrecía.

El POT planteaba la figura del hábitat rural como tipo de vivienda que pudiera vincularse a alguna explotación forestal, con determinadas condiciones arquitectónicas, con garantías de abastecimiento de servicios básicos y sin sobrepasar determinadas pendientes como fórmula posible de legalización. Se planteó la constitución de un consorcio entre Diputación, Junta y ayuntamientos para analizar los casos ya existentes y autorizar las construcciones futuras, pero tampoco se llegó a crear.

Ahora, el foro constituido ayer por los alcaldes, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y el consejero trata de ser un primer paso para impulsar por fin ese marco de trabajo. Espadas dijo que habrá que analizar cada caso, municipio a municipio, y estudiar todas las posibilidades. Pero dejó claro que habrá situaciones que se puedan adaptar a la figura del hábitat rural, otras que queden fuera de ordenación y construcciones "que no puedan continuar". El consejero advirtió de que no va a ser un trabajo "ni rápido ni fácil".

El consejero lamentó que "se ha demonizado el POT de forma absurda" en respuesta a las quejas de los alcaldes de que el plan obstruye y la elaboración de los planeamientos municipales. "El POT ni ha generado el problema ni ha marcado la imposibilidad de resolverlo", dijo el consejero, quien recordó que la imposibilidad de construir viviendas en suelo rural que no estén vinculadas a actividades agrarias en parcelas de menos de 25.000 metros cuadrados la determina la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en vigor desde 2003, y "marco jurídico igual para todos los municipios andaluces independientemente de que tengan o no un plan de ordenación territorial".

La Junta colaborará con la Diputación de Málaga, que va crear tres oficinas técnicas en la comarca en acelerar la redacción de los planes de ordenación urbanística de los municipios.En la reunión también se abordó lanzar el plan de infraestructuras para la comarca que incluyó en el POT con inversiones de más de 500 millones de euros que tampoco se ha concretado hasta ahora.