Luz verde a los trasvases y freno a Educación para la Ciudadanía

Ninguna de las 2.500 enmiendas presentadas a las tres ponencias quedó viva para su votación en el plenario. Todas se negociaron en comisión hasta altas horas de la madrugada del sábado. Al final, los ponentes pudieron equilibrar los intereses del partido con las reivindicaciones, más o menos exigentes, de los militantes.

- Trasvases de consenso. Contra todo pronóstico, el PP ha conseguido armonizar las distintas sensibilidades territoriales en materia de recursos hídricos, hasta el punto de que la redacción final ha satisfecho tanto a los dirigentes de Aragón, reacios a los trasvases, como a los de Murcia y Comunidad Valenciana, firmes partidarios. El texto apuesta por la aprobación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, diferente al del último Gobierno de Aznar, que deja en el mismo plano la obtención de agua mediante la desalinización y los trasvases entre cuencas a partir de excedentes hídricos y una vez satisfechas las necesidades del territorio respectivo. La ponencia económica, que sólo obtuvo un voto en contra, evita citar los trasvases a construir, que deberían ser objeto de un pacto "entre todos", sin especificar los agentes implicados.

- Instrumento de adoctrinamiento. La persistencia de los dirigentes Eugenio Nasarre y Luis Peral obligó a endurecer el redactado referente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, hasta definirla como un "peligroso instrumento de adoctrinamiento y de manipulación ideológica incompatible con la exigencia de un Estado democrático". Además, el Partido Popular garantizará a los padres el derecho a la objeción de conciencia. El texto inicial se limitaba a señalar que la Educación para la Ciudadanía y la "formación en valores democráticos y ciudadanos tiene que ser transversal a todas las materias y no una asignatura específica".

- Libertad lingüística. El Partido Popular garantizará la enseñanza en castellano y la "libertad de elección lingüística" en todo "el territorio nacional" y en la totalidad de las etapas educativas mediante la "acción de la Alta Inspección del Estado".

- Financiación autonómica. Tan sólo se aprobó una enmienda transaccional para reclamar al Gobierno central que acuerde con "carácter inmediato" el nuevo modelo de financiación autonómica en el cual el incremento de la población será la variante "clave".