Mandato ético

El viernes recordaban Lourdes Lucio y Diego Narváez lo que Manuel Chaves decía en junio de 2003 a propósito del pacto de su partido en Estepona con los continuadores políticos del ogro inmobiliario y futbolístico Jesús Gil. No le gustaba el pacto a Chaves, quien, sin embargo, lo veía útil para que el desarrollo urbanístico en Estepona se convirtiera en un modelo para la Costa del Sol. Lo que ahora investiga el Juzgado de Instrucción muestra a Estepona como un ayuntamiento modélico, aunque no en el sentido ejemplar al que aspiraba Chaves: representa, como modelo, al tipo de ayuntamientos que, según la opinión posiblemente mayoritaria, funciona en el litoral. Es la idea que muchos ciudadanos tienen de lo que es un municipio costero: una trama perversa de construcción y política, técnicos e intermediarios.

La dirección socialista en Málaga, que guardaba silencio desde la detención del alcalde Barrientos, habló por fin el viernes. Después de una meditación de tres días ha descubierto que no sabía nada. No sabía nada de lo que pasaba en Estepona. Pero tres concejalas detenidas en el caso achacan a compañeros de partido las denuncias que las han llevado ante el juez, y una persona de confianza del PSOE ocupaba la Delegación de Urbanismo de Estepona. Entre los 26 detenidos en la redada, está el eje del Ayuntamiento y del partido en el pueblo, jefe de gabinete del alcalde, como si el partido fuera un grupo de intereses corporativos y familiares, entre socios, por el que pasan tratos, licencias, favores, contratación de personal, el crecimiento de todos, el bien común. Y nadie veía nada, o todos eran como esos amantes que, ante la infidelidad de su pareja, no saben nada o prefieren no saber: "Haz lo que quieras, pero que yo no me entere".

Y el viernes fue el traslado a la cárcel del alcalde caído, contado en estas páginas por Juana Viúdez y F. J. Pérez. Había abucheadores a las puertas del juzgado, esa gente justiciera que acude siempre al calor de las cámaras y los focos a gritar, a insultar. Me los imagino en las verbenas pagadas con dinero del negocio de estos años, bailando, jaleando y defendiendo con fervor la necesidad de inversiones y construcción, bancos y hostelería, movimiento de dinero. Me los imagino aplaudiendo al alcalde antes del hundimiento y reclamando alguna gracia en los locales del partido. Al modelo económico vigente, combinación de negocios inmobiliarios y política, podríamos llamarlo neoconstruccionismo, y ofrece, aparte de una galería de individuos concretos, un retrato de grupo, regional y nacional.

Es como si la prosperidad hubiera dependido de la corrupción, y el país sufriera daños desproporcionados en caso de no someterse a la lógica de los convenios fraudulentos, el soborno, las comisiones secretas, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales. No me extrañaría que algún responsable político defienda un día la prevaricación como mandato ético inexorable y se presente a sí mismo como un santo que, por su pueblo, sacrificó sus principios y se convirtió en delincuente. Los alcaldes hundidos, como Barrientos, no existirían ni ganarían elecciones si sus principios generales de comportamiento no hubieran sido asumidos por la mayoría que hoy se escandaliza, y esto explica que la enfermedad afecte al PP, al PSOE y a IU.

Pero los detenidos no han sido condenados todavía. Por más que los indicios hagan suponer que son delincuentes, deberíamos presumir que son inocentes. El celo con que se les condena de antemano es negativo: impide reflexionar sobre la naturaleza de los hechos. El ruido del escándalo es mayor que el esfuerzo pedagógico para aclarar cómo funciona el mundo. Hay prisa por excluir a los que han quedado al descubierto, por quemarlos lo más ruidosamente posible entre una gran humareda, por cerrar cuanto antes las puertas de la cárcel.