La imputación al edil de Urbanismo deja al PSOE sin 'delfín' en Estepona

Al mismo tiempo que el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, salía en la tarde del viernes de los juzgados hacia la cárcel y arremolinaba a partidarios, detractores y medios de comunicación, en la comisaría de policía de la ciudad, con mucho más sigilo, prestaba declaración el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte. Pese a quedar fuera de los focos, dicha comparecencia puede tener una importancia trascendental en el futuro político del Ayuntamiento de Estepona, pues en ella se confirmó que Duarte, que se perfilaba como sustituto de Barrientos en la alcaldía, está imputado en el caso Astapa.

Pese a que la imputación de Duarte en principio parece tener un carácter meramente procedimental al objeto de preservar sus derechos, sin que se haya determinado una participación directa en los hechos investigados, no cabe duda de que supone un inconveniente más para recomponer el Gobierno municipal de Estepona.

Las diferencias con los otros cuatro concejales socialistas imputados en el caso son evidentes. Duarte no fue detenido, ni ha comparecido ante la juez instructora, ni ha tenido que pagar fianza alguna para permanecer en libertad.

Durante más de cinco horas, Duarte contestó en la tarde-noche del viernes un cuestionario preparado previamente sobre numerosos asuntos. Según fuentes del caso, la mayoría de ellas sobre hechos y actuaciones realizadas por "terceros", otros miembros del equipo de gobierno o en una etapa anterior (Duarte es concejal desde hace un año), y no por decisiones propias.

La calidad de imputado posiblemente da garantías jurídicas a Duarte, porque le permite tener asistencia letrada y da validez a todo cuanto diga. Fuentes jurídicas consultadas han explicado que es habitual en casos en los que, como este, un testigo puede poseer un grado de información que la juez entienda que incurre en ocultación de delito, algo tipificado en el código penal, por lo que debería imputarle, y en ese momento quedaría invalidada toda la aportación que hubiera realizado hasta entonces como testigo. Evitar ese riesgo es una de las razones por las que se le ha dado ya la calidad de imputado, y eso le complica el futuro político.

La dirección provincial y regional del PSOE confía en Duarte, al que precisamente el hecho de no haber sido detenido en la operación Astapa le refuerza. Pero además le avala su labor en la gestora de Marbella y en el Ayuntamiento de Estepona, donde en un año ha paralizado 90 obras y puso al descubierto que había 1.500 expedientes de disciplina urbanística pendientes de resolución, asunto que es uno de los muchos sobre los que ha mantenido discrepancias con Barrientos. Pero la dirección del PSOE ha anunciado al mismo tiempo que suspenderá de militancia a quien resulte imputado en este caso de corrupción. Un dirigente socialista malagueño reconoció ayer que por mucho que la imputación de Duarte sea distinta a la de los demás concejales, sería "muy complicado trasladar esos matices a los ciudadanos y pedirles que lo entendieran con todo lo que ha ocurrido".

Precisamente por esos avales, el PSOE pensaba en que Duarte fuera el nuevo alcalde de Estepona, incluso veía en él un perfil idóneo para hacer creíble la regeneración. Los socialistas ya habían consultado con sus actuales socios y todo parecía encaminado pues el alcalde en funciones, Rafael Montesinos (PA), apostó ayer por mantener el acuerdo de gobierno que unía a PSOE, andalucistas, IU y Estepona 2007.

Pero de momento no es posible ni hacer cuentas. De los imputados, sólo Barrientos ha dimitido, los otros cuatro ediles socialistas implicados y en libertad bajo fianza de momento mantienen su acta de concejal, aunque la dirección del partido les va a pedir que la entreguen, y está por ver que ocurrirá con Duarte. El PSOE tiene 11 concejales y si se aplica el mismo rasero a todos, tendría que sustituir a seis y decidir un candidato a alcalde. Y en ese caso, el PP, muy prudente hasta el momento, incrementaría su presión para formar un gobierno de concertación entre todos.

Tampoco han renunciado de momento a su acta los dos concejales del Partido Estepona (PES) encarcelados, José Ignacio Crespo y Manuel Reina, que están en la oposición. Sus tres compañeros dijeron ayer desconocer lo que harán.