Cacerolada a favor del indulto

Se reunieron ayer para hacer ruido, literalmente, para que se les escuche después de meses de silencio esperando, dicen, a que el Gobierno tome una decisión. Cerca de un millar de vecinos de O Eixo (Santiago) y otras parroquias organizaron ayer una cacerolada en la céntrica Plaza do Toural para pedir el indulto para los tres condenados por agredir a un policía nacional durante unas protestas vecinales.

"Está complicado", "el indulto va con mucho retraso", "hay muchas presiones", son las expresiones que se escuchaban ayer entre los asistentes a la concentración. El escepticismo sin embargo no evitó que volviesen a reclamar con la misma fuerza de siempre el indulto para sus compañeros. El mismo fondo pero con una nueva forma: latas, cacerolas, silbatos, botellas y tambores. "El Gobierno sabe perfectamente que son inocentes", afirmó José Manuel Bocija, portavoz de la Asociación de vecinos de O Eixo. Aseguran que el único motivo por el que el Gobierno central no les perdona la pena de siete años de cárcel es únicamente por la oposición del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Los vecinos aseguran que el Gobierno "sabe que son inocentes"

El sindicato de la policía apoyará el indulto "siempre que pidan perdón"

Por ahora, el segundo grado les permite salir a trabajar todos los días a las siete de la mañana desde el centro penitenciario de A Coruña, donde pasan la noche, a sus respectivos trabajos en Santiago.

Jesús Montoiro se sube cada día a un coche oficial de la Xunta para ejercer su trabajo de chófer en la Administración pública; Simón Márquez, fontanero, continúa trabajando en la misma empresa que antes de entrar en prisión; y José Moreira ocupa su puesto en una librería de Compostela. A finales de mayo, Instituciones Penitenciarias notificó a los tres presos que les habían denegado el tercer grado, y que podrán volver a solicitarlo dentro de unos meses. Mientras, les conceden permisos para pasar todos los fines de semana en casa.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reconoce que próximamente podría haber un acercamiento entre los presos y el sindicato para tratar de zanjar el asunto. "No estamos cerrados, siempre que pidan perdón", explica Jesús Freire, presidente del SUP de Galicia. El sindicato exigirá que quede constancia pública o por escrito de su arrepentimiento. A partir de ahí, "no habría inconveniente" en sumarse a la petición de indulto que ya han firmado el Parlamento de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago.

Vecinos y policía mantienen por ahora posturas irreconciliables. Por un lado, los vecinos continúan poniendo en duda la sentencia firme del Tribunal Supremo, que ya no admite más recursos. Bocija recuerda que una veintena de testimonios de vecinos no fueron tenidos en cuenta por el juez porque estimó que tenían relación de amistad con los acusados. Y no entienden cómo el sindicato "tiene más poder que el resto de la ciudadanía", tanto como para "paralizar el proceso".

Por otro lado, esa misma sentencia sirve a Freire para sustentar su posición. "A los vecinos les comprendo, yo en su lugar haría lo mismo", asegura, "pero tenemos que creer a la resolución judicial y a nuestros propios compañeros".

Sólo Simón Márquez, el más joven, pidió en su momento perdón y propició un acercamiento a la víctima. Pero cuando la entrada en prisión era ya inminente, se acabó sumando a sus compañeros y proclamó su inocencia ante una manifestación de miles de personas. "No disfrutamos viendo cómo unos conciudadanos están en la cárcel", apostilla Freire.

A los 156.000 euros de indemnización que han pagado a la víctima, se suman ahora 24.000 euros más en concepto de intereses. Actualmente los acusados tratan de evitar sumar a la indemnización el pago de por vida de los medicamentos que precisa policía herido. La última sentencia al respecto, dictada esta semana, negó los 120.000 euros que solicitaba la víctima. Los tres esperan "totalmente desanimados" un indulto que no termina de llegar.