PSC, ERC e IC defienden cada uno sólo a sus consejeros en el 'caso de los informes'

El tripartito cerró filas con matices, ayer en el Parlament, en el asunto de los informes de dudosa utilidad encargados por el Gobierno catalán en 2007 y que costaron 32 millones de euros. Los tres grupos de la izquierda rechazaron una moción de Convergència i Unió (CiU) que reclamaba que en un plazo de dos meses el Gobierno realice una "auditoria económica y de gestión" sobre dichos informes. Pero cada grupo del tripartito actuó por libre, defendiendo la parte del Ejecutivo que le afecta; Esquerra Republicana (ERC) a Vicepresidencia, Iniciativa Verds (ICV) a Relaciones Institucionales y el Partit dels Socialistes (PSC) a Política Territorial, por poner ejemplos. El Gobierno dijo que está ya velando por la transparencia en esta cuestión y recordó que ya se ha comprometido a hacer una auditoría interna.

CiU pretendía además con su moción sacar adelante en "tres meses" una normativa específica sobre estos estudios, y que cada trimestre, el Ejecutivo comparezca en el Parlament para informar sobre la cuestión. Los nacionalistas apoyarán la comisión de investigación que reclaman el PP y Ciutadans para aportar luz a este asunto en el caso de que el Ejecutivo no entregue los informes antes del 9 de julio, plazo estipulado.

El diputado socialista David Pérez asumió que quizá "alguno de los informes no es necesario". "Es algo que se puede hablar", dijo. Pérez indicó que el gasto en informes es ahora inferior que en tiempos de CiU. "Se ha pasado del 0,48 del Presupuesto de la Generalitat al 0,37 de las cuentas". En 2003, último año de gobierno de CiU, el presupuesto era de 18.628 millones de euros, mientras que en 2008 las cuentas consolidadas son de 34.750 millones.

Por parte de ERC, la diputada Patricia Gomà lamentó que CiU partiera de la base de que todos los estudios "sean de utilidad dudosa", planteamiento que tildó de "inaceptable". Gomà se centró en defender a su líder institucional, el consejero de Vicepresidencia, Josep Lluís Carod Rovira, y aseguró que "el Gobierno ha contestado a esta cuestión de manera colegiada". Afirmó que se ha hecho de esta forma "porque el vicepresidente [en referencia a Carod], a quien se le piden explicaciones, no tiene funciones de coordinador del Ejecutivo".

Gomà defendió los informes que dependían de los departamentos que controla ERC, como el que hace referencia al diseño de un parchís (11.300 euros), o la idoneidad de los olores en una exposición sobre el Escolapio en el Museo Arqueológico, o el informe sobre juguetes sexistas. Sobre este último asunto el Instituto Catalán de la Mujer pidió a una empresa que redactara 10 argumentos para el "fomento de juguetes no sexistas". Le salió a 1.194 euros el argumento, pues el proyecto costó un total de 11.948.

También actuó por libre ICV-EUiA. El vicepresidente de Iniciativa, Jaume Bosch, lamentó que se haya cuestionado que el Departamento de Relaciones Institucionales pagara 15.000 euros por un informe sobre la seguridad en China. Lamentó sobre todo que sea un partido nacionalista como CiU el que haya cuestionado la legitimidad de la Generalitat para encargar este tipo de estudios.