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Villar Mir garantiza trabajo sólo para 20 años si el tren pasa por la mina

El empresario asegura que la concesión está renovada por "silencio administrativo"

No tendrá que ser por la fuerza. Pese a que desde hace ya dos semanas la Guardia Civil mantiene vigiladas las entradas de la mina, los topógrafos del ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) no necesitarán entrar en Serrabal escoltados por los antidisturbios. Lo único que precisan para encontrar el paso franco es una orden judicial. Eso dijo ayer Javier Fernández Bescós, director general de Ingeniería y Filiales de Ferroatlántica, a los postres de la primera rueda de prensa que ofreció en Galicia Juan Miguel Villar Mir desde que hace más de cuatro años se inició el conflicto. "Hemos solicitado una orden judicial. No creo que les sea muy difícil conseguirla. Los técnicos del ADIF entrarán en Serrabal cuando la traigan".

"Nuestros abogados nos confirman que la concesión ya está renovada por 30 años"

El fundador del Grupo Villar Mir, flanqueado por cuatro de sus directivos, rompió ayer su silencio en Santiago porque era "una obligación con Galicia" que arrastraba hacía tiempo. El empresario no aclaró porqué lo hace precisamente ahora, cuando Touriño lo hace responsable del retraso en las obras del AVE. Villar Mir no quiso mojarse ("no quiero enjuiciar el comportamiento de los demás"). Dijo creer que no tiene "enemigos en la Tierra", aseguró que nunca ha azuzado a sus trabajadores, ni "amparado un proceso de bloqueo o boicot" a la Administración, y quitó importancia a las críticas del presidente de la Xunta porque cada cual tiene "su responsabilidad y su criterio". Pero sin perder el gesto afable, fue dejando caer a lo largo de la concurrida rueda de prensa algunas advertencias.

Por ejemplo, que aunque él ha dado "garantía" a la Xunta de que no habrá despidos cuando entre el AVE en la mina, el tren sepultará 145 millones de toneladas de cuarzo, el 59% del yacimiento. Y los 100 millones restantes, aquéllos que podrían ser explotados más allá del margen de protección de la vía (100 metros), únicamente darían trabajo para 20, como mucho 30 años a Ramsa (la concesionaria de la explotación de la cantera) y las plantas de Ferroatlántica en Sabón, Cee y Dumbría que transforman el cuarzo en silicio. "Si no entra el tren", aseguró Villar Mir, estas plantas tendrán carga de trabajo asegurada durante "109 años. Prácticamente, la eternidad".

Respecto al cuarzo fotovoltaico, "el más puro del mundo", que se destina a la fabricación de paneles solares, los técnicos del grupo calculan que, si en Serrabal hay algo más de ocho millones de toneladas, las obras del AVE provocarían la pérdida de seis millones. La carga de trabajo, sin tren, estaría asegurada "durante 30 años" pero, con él, no sobrepasaría los seis. "Esto, en el caso de que se nos permitiese la explotación subterránea", dijo Villar Mir. Pero si la Administración no permite a Ramsa la extracción de cuarzo solar bajo tierra dentro del área de protección de la vía, entonces sólo habría trabajo para cuatro temporadas.

Si la perspectiva es ésta, el Grupo Villar Mir construirá únicamente una "fabriquita" para transformar el cuarzo fotovoltaico, una planta pequeña "que se pueda amortizar en cuatro años". Y renunciará a invertir en Galicia "60 millones de euros" en el proyecto que convertiría a la comunidad en "líder mundial" de la energía solar. Un sector del que dependerían indirectamente "19.000 empleos" y que generaría "inversiones por un valor de 2.300 millones de euros". El AVE, advirtió el empresario, echará a perder "un tesoro para esta comunidad", porque "en todo el mundo no hay un cuarzo de tan altísima calidad". Un mineral que se destinaría a la fabricación de "paneles de 200 megavatios, 1,2 veces la potencia de una central nuclear".

Y pese a que el plan solar de Villar Mir choca con los del Gobierno, el empresario aseguró que la concesión de la mina ya está renovada. La ley de la minería obliga a solicitar esa renovación tres años antes de que expire la licencia. Si ésta acababa este año, en 2005 Ramsa tramitó la prórroga. "Pasó el plazo de seis meses que tiene la Administración para contestar, y el silencio administrativo equivale a un sí", dijo. "Nuestros asesores nos confirman que la concesión está ya prorrogada por otros 30 años".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de junio de 2008