Dos corporaciones implicadas
La zona de expansión del complejo Marina d'Or ya está en los tribunales por otros motivos. Unos propietarios afectados por el programa que el grupo presentó en la zona de Les Amplàries, presentaron una querella contra el Ayuntamiento y el propio urbanizador por la que están imputados tanto los miembros del equipo de gobierno que aprobó definitivamente el desarrollo como el presidente del grupo inmobiliario, Jesús Ger. Esta querella afecta a la corporación presidida por Rafael Albert (PP), mientras que la irregular cesión de terrenos ahora investigada fue tramitada por una corporación anterior, dirigida por el independiente Francisco Garrido.
La querella se basó en las irregularidades detectadas en la tramitación del PAI. Por ejemplo, un funcionario de la Administración suscribió un informe en el que hacía referencia a las "instrucciones" remitidas por un director de Territorio. Siguiendo el "mandato" de sus superiores, los técnicos informaron "de forma resumida" lo que consideraron "más trascendente, a los efectos de poder emitir informe favorable, en su caso, con la mayor rapidez posible...".
El programa precisaba, tal como exigió en su día la Consejería de Territorio, de un informe favorable de la Dirección General de Costas. Sin embargo, las dos ocasiones en las que Costas informó sobre el PAI fue de forma negativa. Este hecho, y la presentación de la querella hicieron que la Generalitat presentara una demanda contra el Ayuntamiento de Oropesa al considerar "ilegal" la aprobación. Sin embargo, el departamento que dirige José Ramón García Antón decidió retirar el recurso con el mismo argumento que el esgrimido por Marina d'Or y, aunque en un principio consideró que resultaba "preceptivo el informe de esta dirección general del Ministerio de Medio Ambiente, informe que tiene carácter vinculante", posteriormente consideró que no era vinculante.
Los mismos propietarios afectados fueron quienes pusieron en conocimiento de la fiscalía las diferencias de valor entre los terrenos que debía ceder el urbanizador y los que finalmente recibió el Ayuntamiento. La fiscalía impulsó la acumulación de ambas causas que, de momento, ha sido rechazada por el juez.
