El PP carga contra los fiscales por el caso del Barbanza

Tres días después de que la fiscalía pidiese el sobreseimiento de la causa sobre la adjudicación por parte de la Xunta de la autovía del Barbanza al grupo Sacyr, el PP endureció ayer sus críticas contra el comportamiento del ministerio público en este caso. El PP envió una carta de queja contra la actuación del fiscal al juez que instruye la investigación "por ser la persona que dirige el procedimiento".

Fuentes judiciales consideran "sorprendente" la queja del PP

Según el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, la fiscalía no ha actuado "prudentemente" y se ha extralimitado al "emitir juicios que rayan las consideraciones políticas" en el escrito en que solicita el archivo del procedimiento. Se refiere al párrafo en que se cuestiona la citación por parte del juez de cuatro altos cargos de la Xunta en vísperas de las elecciones generales. Rueda también llamó la atención sobre "la coincidencia de fechas en que tanto la defensa de los imputados como la fiscalía pidieron el sobreseimiento". La carta del PP, que ejerce como acusación particular en este caso, considera "anormal" que el ministerio público pida el archivo de la causa, sin esperar a que el juez decida sobre las peticiones de nuevos testigos y otras diligencias "que se le han solicitado".

Y vuelve a criticar los modos del ministerio público, apoyándose en que fueron tres fiscales distintos los que acudieron a las cuatro citaciones de los imputados. "Eso denota falta de interés", subrayó Rueda, quien también recriminó que el abogado se haya enterado por la prensa de la decisión.

La iniciativa del PP causó sorpresa entre los juristas consultados por este diario, que no entienden por qué este partido dirige al juez su queja sobre la actuación de la fiscalía, al tratarse de dos instituciones independientes en el ordenamiento jurídico español. "Es una protesta extemporánea y equivocada, que en todo caso tendría sentido contra la Fiscalía General del Estado o el Consejo General del Poder Judicial o en el propio juicio como alegaciones al escrito del ministerio público", señalan. Las mismas fuentes judiciales explican que el momento procesal para solicitar el archivo "es tan bueno como cualquier otro" puesto que ya se han practicado las pruebas propuestas por el juez. Los juristas consultados por este periódico señalan además que la única obligación de la fiscalía es comunicar su decisión al juzgado, que es el que debe trasladarla a las distintas partes personadas.

La judicialización del caso del Barbanza, que llevó al juez decano de Santiago a citar como imputados a dos funcionarios y un alto cargo de Política Territorial y a un dirigente de Economía, ha centrado buena parte de la estrategia del PP contra el bipartito.