Los delitos de mafias en Alicante aumentan un 25% en dos años

La actividad del crimen organizado en la provincia de Alicante sigue aumentando. Según datos facilitados ayer por el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, el número de delitos imputables a grupos mafiosos ha crecido un 25% en los dos últimos años. Estas cifras convierten a Alicante, según Magro, en uno de los "puntos calientes" de la delincuencia organizada. La policía practicó en 2005 en la provincia 240 arrestos relacionados con el crimen organizado y la fiscalía abrió 59 investigaciones por delitos mafiosos.

Este aumento de la delincuencia ha llevado a jueces, fiscales y policía judicial de Alicante a pedir la puesta en marcha de un juzgado especializado para combatir el crimen organizado. La propuesta se planteó ayer durante una reunión de la Comisión de la Policía Judicial de Alicante, que ha elaborado un protocolo que será dirigido al Ministerio de Economía y Hacienda, que actualmente prepara una reforma sobre las leyes de blanqueo de capitales.

La mayoría de los delitos del crimen organizado están relacionados con el narcotráfico y la prostitución, y colateralmente con operaciones bancarias ilegales mediante las cuales las redes blanquean sus ganancias. Las entidades bancarias de la Comunidad Valenciana detectan cada mes una media de 160 operaciones sospechosas de blanqueo de dinero, según se constató en una reunión anterior con representantes de nueve grupos bancarios, en el marco del protocolo impulsado por el órgano judicial para combatir los movimientos de dinero negro.

La comisión ha analizado diversos aspectos relacionados con el blanqueo de capitales, la reiteración en la comisión de faltas y el quebrantamiento de condena. Para combatir el blanqueo de capitales, la comisión ha elaborado un protocolo de recomendaciones, en el que han participado diversas entidades financieras, que plantea la adopción de criterios exigentes en cuanto a los documentos necesarios para abrir una cuenta bancaria y para realizar operaciones no nacionales. Por ello, este documento fija qué criterios comunes deben tener los bancos para evitar la apertura de estas cuentas "sospechosas", o intervenir las cantidades transferidas.

En la reunión de ayer de la Comisión de la Policía Judicial de la Provincia de Alicante también se planteó la necesidad de que se acuerden las órdenes de protección de las víctimas de violencia de género en la instrucción de los casos y se mantengan hasta la sentencia firme para evitar su desprotección.