Opacidad nuclear

El debate sobre la energía nuclear, reabierto en varios países, estará viciado si se ocultan o tergiversan datos esenciales. Es lo que ha ocurrido en relación con la fuga de partículas radiactivas producida en noviembre pasado en la central de Ascó (Tarragona), propiedad de Endesa.

La presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, puso anteayer de manifiesto en el Congreso -a puerta cerrada, ¿por qué?- ese comportamiento irresponsable: la fuga superó la exposición de dosis permitidas, no se notificó el suceso hasta casi cinco meses después y se ocultó información al inspector residente en la planta.

Es cierto que cada uno de estos incumplimientos tiene una multa máxima de 10 millones de euros y que el pasado mes de abril ya fueron destituidos el director y el jefe de protección de la central. Pero más allá de que la ley se aplique con rigor, el incidente pone de relieve la falta de fiabilidad de unos gestores que anteponen la obtención de beneficios a la seguridad.

No puede interpretarse de otra manera el hecho de que la planta anulase tres días después del incidente la alerta por escape, como ha documentado el CSN, y que alguien -la central dice no saber quién- pusiera en funcionamiento el sistema normal de ventilación, que es lo que hizo salir despedidas las partículas, información que fue ocultada a la opinión pública. Este cúmulo de despropósitos tuvo su origen en la impericia de unos trabajadores que arrojaron agua que debía ser tratada como residuo radiactivo en la piscina del reactor, según la central.

En total, y hasta ahora, han aparecido un millar de partículas radiactivas en el exterior de la central, que presentan una actividad total más de mil veces superior a la referida inicialmente por la dirección de la planta. Es cierto que los análisis practicados a más de 2.000 personas descartan que estén afectadas. Pero el incidente ha mostrado la falta de fiabilidad de los mecanismos previstos: de haberse detectado y anunciado la fuga en su momento, Ascó hubiera sido obligada -como lo ha sido ahora- a una parada de varias semanas para su revisión.

Con su actitud irresponsable, los gestores han conseguido alimentar la aprensión por la energía nuclear, que era seguramente lo que pretendían evitar. La industria nuclear necesita transparencia, y no secretismos y falsificaciones, si quiere ganarse la confianza ciudadana.