El fin de las tarifas de alta tensión enfrenta a Sebastián con la industria

El 1 de julio desaparecen las tarifas de alta tensión. Es un paso más en el proceso de liberalización del sector energético que impulsa Bruselas. La medida afecta a 70.000 clientes, divididos en tres grandes grupos. Primero, las medianas empresas -la gran masa- acogidas a estas tarifas; luego, dos centenares de grandes consumidores de energía eléctrica agrupados en asociaciones diversas (cementeras, químicas y siderúrgicas) y, por último, un puñado de multinacionales (Arcelor Mittal, Alcoa...), acogidas a una tarifa (G-4) que se mantiene, pero que cuestiona Bruselas.

La desaparición de las tarifas de alta tensión ha desatado la polémica. Para las compañías eléctricas suministradoras, supone simplemente el fin de un privilegio -precios de la electricidad baratos- para grandes compañías industriales, supuestamente subvencionadas por los consumidores. Para los afectados, especialmente el segundo grupo -grandes empresas industriales-, es un disparo en la línea de flotación de su capacidad de competir. Los dos centenares de grandes industrias afectadas (entre ellas Arcelor, Portland, Cemex, Lafarge o Alcoa) esgrimen para lograr un periodo transitorio en el cambio de tarifas su gran consumo (por encima del 10% de la demanda eléctrica del país) y los empleos que mantienen, 240.000 entre puestos directos e indirectos. Otro punto fuerte es que sus contratos contienen cláusulas de interrumpibilidad, es decir, en caso de que el sistema eléctrico lo precise, apagan la luz. A cambio, obtienen compensaciones.

Lucha a tres bandas

A tres semanas del fin de las tarifas de alta tensión reguladas, el enfrentamiento es tan sordo como duro entre las tres partes implicadas: la industria, las eléctricas y el Ministerio de Industria que dirige Miguel Sebastián. La base del enfrentamiento son los precios, muy ventajosos para las grandes compañías durante años. Ahora esa situación puede cambiar de forma radical. La subida media para las industrias, según fuentes de las eléctricas, puede ser del 25%.

Pero las industrias afectadas temen subidas del 100%. Y la reacción es fuerte. Acusan a las eléctricas de beneficiarse de un sistema de fijación de precios injusto, cuestionado incluso por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y ponen sobre la mesa el gran argumento del empleo. Si las condiciones en España empeoran, dicen, producirán en lugares con más ventajas.

En este contexto, Industria, eléctricas y compañías industriales libran una curiosa partida de póquer. Las industrias han creado su propia central de compras de electricidad -llamada Fortia y presidida por el director general de Arcelor-Mittal, Juan Estarellas- y reclaman ofertas a las eléctricas para firmar contratos bilaterales de suministro. Las acusan, además, de ofertar precios elevados, con la referencia del mercado mayorista eléctrico, sin tener en cuenta las necesidades de sectores básicos para la economía.

Las grandes asociaciones (Oficemen, Unesid, Asociación Nacional de Electroquímica) cuestionan el funcionamiento del mercado eléctrico español, destacan que están en desventaja con las empresas que operan en países como Francia o Finlandia y subrayan que en un espacio energético aislado como España no tienen otra que pasar por el aro de las compañías.

Industria trata de calmar las aguas. Sebastián señaló esta misma semana en el Congreso que su departamento no va a dejar desamparada a la industria. Pero las empresas no se fían. Están dolidas porque, según afirman, ningún responsable del departamento de Sebastián se ha dignado a escuchar sus quejas.