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Reportaje:

La llamada que toda España oyó

Historia de la conversación que sacudió a la presidenta del Constitucional - La juez empezó ayudando a la hija de un conocido y casi acaba sufriendo acoso

Día 14 de marzo de 2007. Miguel Ángel Salgado Pimentel recibe tres disparos mortales cuando se encuentra en su garaje, en Ciempozuelos (Madrid). No hay robo, ni móvil aparente. La Guardia Civil reconstruye su biografía. ¿Qué elementos novedosos precedieron al crimen? ¿Qué enemistades tenía? Los dos interrogantes conducen a su ex esposa, la abogada Dolores Martín Pozo. Les enfrentaba la custodia de su hija. Y Dolores Martín acaba de sufrir una humillación: la víspera del crimen, un juez le había concedido a su ex marido la custodia. Ganas de venganza se le suponen; medios, también. Entre sus clientes figura un escolta de famosos, Eloy Sánchez Barba, al que se consulta telefónicamente en busca de sujetos capaces de dar palizas. Es más, según la investigación y su confesión, no sólo podía contratar especialistas en palizas, sino en asesinatos.

El aviso fue: "La hija del fontanero de casa de tus padres tiene un problema"

Casas a una letrada: "Mira si puedes atenderla, pero algo no me cuadra"

La juez del caso tiende entonces una red de escuchas sobre los sospechosos de este crimen de Ciempozuelos, con Dolores Martín a la cabeza. Sólo un mes después, la Guardia Civil registra una llamada entrante en el teléfono de Martín: la interlocutora deja boquiabiertos a los agentes. No necesitan identificarla. Lo hace ella misma.

-Mire, buenas tardes, soy Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, que me mandó unos papeles de usted doña E. A.

El tono de la conversación denota que ambas no se conocen, ni se tratan. Casas, de hecho, hace esfuerzos para refrescar la memoria a la abogada:

-¿Se sitúa?

-Sí, sí, me acuerdo.

La presidenta del Constitucional entra entonces de lleno en la conversación. Pide disculpas por la tardanza en responder a la petición de ayuda de Dolores Martín y asegura haberse leído "con detenimiento" los papeles del caso relativos a la custodia de su hija. Aquí surge la primera gran pregunta. ¿Por qué la llama Casas? ¿Por qué una presidenta del Tribunal Constitucional ayuda de tal forma a una oscura abogada en apuros con quien evidencia no tener ni amistad ni trato?

La clave radica en el número 51 de la madrileña calle de Jorge Juan. Allí han vivido los padres de María Emilia Casas, ya fallecidos. Las chapuzas de la comunidad de vecinos y del hogar paterno donde creció Casas van unidas en sus recuerdos a un fontanero. Un fontanero que es padre de la letrada Dolores Martín.

"El fontanero de la casa de tus padres tiene un problema con su hija por un tema de custodia", le da como recado a Casas una vecina amiga del citado bloque, la citada E. A. Y Casas siente que no puede desatender a un viejo conocido de sus padres. Además, le viene de la mano de una vieja vecina. "Yo no le puedo decir que no, no hablar con ella", dice. Así que la alta magistrada realiza la llamada telefónica más costosa de toda su vida.

Una llamada que le pondrá a los pies del Tribunal Supremo, donde la juez que investiga el crimen de Ciempozuelos eleva su conversación para que los magistrados diriman si existe asesoramiento ilegal en lo hablado entre Casas y Dolores Martín. Una llamada por la que el PP pide la cabeza de la presidenta del Constitucional, incluso cuando el Supremo, el pasado jueves, archivó el caso al no ver delito.

La trastienda de la charla, lo que ignora el Supremo, es que lo que comenzó como una amable conversación con la hija de un viejo conocido paterno termina con un notable distanciamiento y escalofrío interno de la presidenta del Constitucional. No en vano, en la charla con Dolores Martín aparecen destellos muy inquietantes para una magistrada como Casas. La abogada le confiesa sin rubor que sopesó huir con la niña si perdía su custodia. No le importa, incluso, detallarle que el juez quería garantizar que no podría ejecutar el "secuestro" de su hija cuando le notificara la sentencia por la que le retiraba la custodia. Por si fuera poco, para horrorizar aún más a la magistrada, la abogada le reconoce que es sospechosa del asesinato de su ex marido: "Le han matado en el garaje, y la familia me acusa a mí", admite.

Casas, tras estas explosivas confidencias, cambia su tono, y abandona sus consejos iniciales (entre otras cosas había dicho a la abogada que debía "provocar una actuación judicial para llegar al Constitucional en amparo"). Entonces intenta precisar si, al menos, cuando le pidió ayuda su ex marido aún vivía. La abogada le confirma que sí. Fue asesinado después.

Casas, finalmente, deriva a su interlocutora hacia dos abogadas vinculadas a movimientos feministas y de defensa de víctimas de violencia machista. Le da sus nombres y teléfonos. Pero la presidenta del Constitucional, pese a todo lo escuchado, se despide con una frase que le resultará funesta: "La pueden ayudar mucho [...] pero, si alguna vez va en amparo, me vuelve a llamar". Luego repetirá el mismo error: "No le puedo ayudar [...], pero usted si quiere me vuelve a llamar". Tan desafortunado mensaje -"le dije que me llamara para quitármela de encima", explicará más tarde una apesadumbrada Casas a sus íntimos- tendrá para la magistrada un alto coste político.

Paradójicamente, Casas traslada a sus letradas recomendadas un mensaje muy distinto del que da a Dolores Martín. "Mira a ver si puedes ayudarla, pero hay algo en su historia que no me cuadra", les advierte. La primera abogada que Casas tantea es E. C., compañera de carrera y fiel amiga. Pero E. C. desecha el caso. Aunque milita en el feminismo, no ejerce como abogada por ser funcionaria. La segunda letrada, C. S., sí puede. Y cita a Dolores Martín en su despacho. Finalmente, también rechaza el caso. Rehúsa explicar a este diario sus motivos alegando secreto profesional. Es posible que compartiera el presentimiento de Casas: algo no cuadraba en la historia de Dolores Martín.

En ese instante, la mujer desaparece del círculo de Casas y de sus letradas amigas. Sus posteriores pasos judiciales son borrosos. Su abogado asegura que nunca interpuso recurso de amparo ante el Constitucional, en contra de lo que hacía presagiar su charla con Casas de abril de 2007.

Pero el fantasma de esta abogada no iba a desaparecer sin más de la vida de la magistrada. En mayo de este año la familia de Martín bombardeó el móvil de Casas con continuas llamadas y mensajes. Sin respuesta. El asunto era inasumible: anunciaban la detención de la abogada y le pedían ayuda. La que pidió entonces auxilio fue Casas. Rogó a una de sus abogadas amigas que devolviese el siguiente mensaje a la familia de la supuesta asesina: "La presidenta del Constitucional no puede ayudarla, le exijo que dejen de llamarla". Casas llegó a sopesar denunciar tal acoso telefónico.

El abogado de Martín asegura tener una versión distinta para cada punto de este relato, pero se la reserva. "Todo es mentira", simplifica. Y la familia de Martín ha optado por el silencio sobre la ayuda recibida por su benefactora, mientras ve carbonizarse a Casas. Dolores Martín, de 37 años, está presa desde finales de mayo como inductora del asesinato de su ex marido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de junio de 2008