"El 'mobbing' se puede combatir con el Código Penal"

Fernando Rodríguez Rey (León, 1966) ha sido nombrado esta semana fiscal especial contra el acoso inmobiliario en Barcelona, el primero de España. Escéptico por naturaleza, confía en que la apuesta funcione porque hay precedentes en otras materias y porque está convencido de la coordinación con el Ayuntamiento.

Pregunta. ¿Hacía falta un fiscal especial?

Respuesta. La persecución del mobbing inmobiliario no es nueva y hay precedentes en esta fiscalía. Lo que notamos por las denuncias ciudadanas y las que presenta el Ayuntamiento es un incremento, no sólo cuantitativo, sino de las conductas especialmente graves. Ya no es incumplimiento de las obligaciones civiles de suministro de luz o agua, o de la normativa de mantenimiento, sino omisión absoluta, para hacer que la vivienda sea inhabitable para el inquilino. Y eso afecta a la libertad de las personas, a su integridad moral y a su dignidad. Lo que pretende la fiscalía es detectar los supuestos de máxima gravedad. El Ayuntamiento ha establecido una red de oficinas de viviendas que nos proporcionará un conocimiento a pie de calle. Y es el Ayuntanmiento el que declara los expedientes de ruina y tiene a los profesionales para realizar las inspecciones.

"Lo problemático es deslindar cuándo hay delito. Hay que estudiar cada caso"

P. Por tanto, la colaboración institucional es imprescindible.

R. El convenio firmado prevé una colaboración que ya se aplica en materias como la siniestralidad laboral. Se trata de institucionalizar la relación, para que cada uno, en el ámbito de sus propias competencias, pueda actuar de manera eficaz.

P. ¿Es suficiente el Código Penal?

R. En 2006 hubo una iniciativa legislativa, que no fructificó, para penalizar las situaciones gravemente ofensivas para la dignidad moral en el marco de relaciones contractuales, que serían aplicables en casos de arrendamiento. Con el delito de coacciones del artículo 172 del código vigente y con el 173 para los más graves, que atentaten contra la dignidad de las personas y que están recogidos en el delito contra la integridad moral, tenemos suficiente.

P. El alcalde Hereu dijo el día de la firma del convenio que era importante tener la fiscalía al lado. ¿Usted puede generar un efecto disuasorio?

R. Me gustaría que la fiscalía tuviera ese efecto en la medida en que haga bien su trabajo. Pero el elemento disuasorio lo tiene el derecho penal.

P. Parece que se esté inicando un camino similar al de hace 15 años, cuando se empezaron a perseguir los delitos contra el medio ambiente y los delitos fiscales.

R. Es probable. El derecho penal había estado ausente en algunas materias de la vida económica y social en las que con el tiempo ha entrado de lleno. Eso nos da una idea de cuál puede ser el camino que recorrer, pero sin perder de vista que el derecho penal es el último elemento que tiene el Estado para resolver los conflictos sociales.

P. ¿Cuándo hay delito?

R. Lo realmente problemático es deslindar lo que es delito de lo que son meros incumplimientos civiles y administrativos. Establecer criterios generales va a ser muy difícil. Esta materia nos va a obligar al estudio de caso por caso. Los cortes de suministro o el abandono absoluto de la vivienda, o las condiciones de inhabitabilidad, podrían ser estudiados para ir por la vía penal. Será el Ayuntamiento el que nos proporcione las pruebas.

P. ¿Va a aumentar el mobbing con la recesión actual?

R. No me atrevo a hacer esa especulación. Lo que es evidente es que con el boom inmobiliario de estos años y la consecuente especulación que ha generado, sí han aumentado los casos de mobbing.

P. ¿El fiscal hará alguna estadística para conocer la realidad del problema?

R. Acabamos de iniciar el camino. Ya vendrán las estadísticas. El convenio prevé crear una comisión de seguimiento, cuyos integrantes no están aún designados, y reuniones periódicas.

P. ¿Va a tener algún personal de apoyo directo para trabajar?

R. Intentaremos especializar agentes de la Unidad de Policía Judicial adscritos a la fiscalía estableciendo protocolos y pautas de actuación parecidas a las que ya hemos aplicado en algún caso: fotos de la vivienda, declaraciones de los implicados y expedientes de los suministros.