El fiscal abre un macroproceso por las agresiones al marjal de Nules

La construcción ilegal de casas y los aterramientos en el marjal de Nules darán pie aun macroproceso judicial. El fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, ha presentado una denuncia ante el juzgado contra el ex alcalde de Nules Salvador Górriz, el concejal de Urbanismo, el secretario municipal y contra más de un centenar de personas, ante la existencia de indicios de la posible comisión de un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Górriz accedió a la alcaldía en 2003 por el PSPV, partido que abandonó dos años después para continuar en el cargo a pesar del acuerdo con los independientes que preveía repartirse el mandato.

El ex alcalde Górriz, un concejal y el secretario municipal están implicados

La denuncia refiere un delito contra la ordenación del territorio

Gecen aplaude al fiscal y lamenta el "autismo" de la Generalitat

Después de más de un año desde que se inició la investigación penal en Fiscalía, Carceller pide ahora al juzgado que se abra un proceso contra todos aquellos que "consintieron la realización de edificaciones y rellenado de terrenos en suelo no urbanizable común perteneciente a la zona húmeda Marjal Nules-Burriana" incluida en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana.

El fiscal acusa a las autoridades municipales y al funcionario de haber consentido al centenar de vecinos denunciados la realización de edificaciones y aterramientos teniendo "conocimiento absoluto" de estas prácticas. Además, les acusa de que "no hicieron nada para impedirlo, contraviniendo la normativa urbanística y medioambiental".

La denuncia se refiere a cerca de un centenar de infracciones cometidas en el marjal de Nules-Burriana, donde existen decenas de construcciones. La zona fue declarada en 2002 como zona húmeda y se incluyó en el catálogo de la Generalitat. Pese a que antes de la protección ya existían algunas edificaciones, la catalogación y, por tanto, la protección, no limitaron la práctica de los vecinos de edificar en esta zona y realizar aterramientos, prohibidos por ley. El Ayuntamiento abrió algún expediente e incluso trasladó, en 2005, varios casos a la Fiscalía, pero no fue hasta enero de 2007, momento en el que el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) presentó una exhaustiva denuncia, cuando se inició la investigación penal. El ex alcalde aseguró sentirse "totalmente tranquilo" ya que considera que es la Consejería de Medio Ambiente la que debía vigilar la legalidad en el marjal.La denuncia de Gecen incluía 62 edificaciones, identificadas y localizadas, "de reciente construcción sin licencia y sin posibilidad de legalizarse por encontrarse en un espacio natural protegido incompatible con la construcción de viviendas y calificarse el suelo en el PGOU Nules como suelo no urbanizable de especial protección". La Fiscalía abrió diligencias de investigación penal y elevó el número de edificaciones presuntamente ilegales a 93. En su denuncia, finalmente, se detalla un total de 86 infracciones, aunque el número de propietarios denunciados es mayor debido a que alguno de los terrenos afectados tiene más de un dueño.

El escrito de los ecologistas hacía referencia a un presunto delito contra la ordenación del territorio, a otro contra los recursos naturales y el medio ambiente, para el que señalaba a los propietarios y los posibles promotores constructores como autores, y a un presunto delito de prevaricación, del que acusaba al alcalde de Nules, por consentir "deliberadamente la construcción en un espacio protegido sin ejercer conscientemente las potestades administrativas de control, vigilancia y restablecimiento de la legalidad infringida". Finalmente, el fiscal ha optado por denunciar el delito contra la ordenación del territorio ya que éste es más fácil de identificar puesto que hay construcciones donde está prohibido, mientras que en el caso del delito contra el medio ambiente se ha de certificar la afección al ecosistema. En cualquier caso, sí estima que, en el caso de los miembros del Ayuntamiento denunciados, los hechos podrían ser constitutivos también de un delito de prevaricación.

El hecho es que, dado el volumen que pueden adquirir las diligencias, el fiscal pide al juzgado, en el mismo escrito de la demanda, que instruya unas diligencias para la actuación municipal y, por otra parte, tantas diligencias como propietarios denunciados, de manera aislada, para una "mejor instrucción de la causa".

El ex alcalde de Nules Salvador Górriz aún no ha recibido la notificación de la denuncia, pero ayer aseguró sentirse "totalmente tranquilo", a la vez que defendió su actuación y la del Ayuntamiento. Así, explicó que las construcciones en el marjal han existido "desde siempre" y admitió que después de que en 2002 la Generalitat lo declarara zona húmeda se siguieron realizando aterramientos y edificaciones. "Nosotros, desde el Ayuntamiento, lo vigilábamos y advertíamos de que ahí no se podía construir", alegó y aseguró que el Ayuntamiento llegó a iniciar expedientes sancionadores, aunque también reconoció que las órdenes de restablecimiento de la legalidad urbanística que incluían algunos nunca se llegaron a ejecutar. Górriz explicó que en noviembre de 2005 el Ayuntamiento trasladó a la Fiscalía, entonces dirigida por Javier Arias, dos casos concretos en los que se exigió la paralización de las obras. La Fiscalía nunca dio respuesta a esta denuncia, según el ex alcalde. También adujo que la Consejería de Medio Ambiente, entonces Territorio, informó al Ayuntamiento, poco después, de que la competencia de la zona húmeda era de la Generalitat, por lo que el ex alcalde considera que la actuación del Ayuntamiento fue la correcta. "Quizá haya algún error, pero no una ilegalidad", sostuvo Górriz.

Francisco González, portavoz de Gecen, manifestó su satisfacción por la actuación de la justicia y señaló también la responsabilidad de la Generalitat por haber actuado de manera "autista" ante las denuncias ecologistas.