Los empleados de la Funeraria mantienen la huelga
Pese a los 15 años que han llovido sobre el escándalo del caso Funeraria, el mayor caso de malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de Madrid en la época de Álvarez del Manzano, los coletazos se suceden después de la sentencia que la Audiencia Provincial dictó el lunes.
La asamblea de trabajadores de la Funeraria Municipal decidió ayer que mantendrá las jornadas de huelga de 24 horas previstas para los próximos días 11, 17 y 19. Los empleados consideran que la sentencia no modifica la incertidumbre sobre el futuro de los 600 empleados de la empresa.
En la reunión se valoró el fallo judicial que condenaba al ex concejal del PP Luis María Huete a dos años y un día de inhabilitación para cargo público por prevaricación y absolvía al resto de imputados en el juicio por irregularidades en la privatización del 49% de la funeraria municipal. "La asamblea ha decidido por unanimidad que, conocida la sentencia, que siempre ha sido la excusa argumentada para no tomar una decisión, el Ayuntamiento tiene que pronunciarse sobre qué pretende hacer con la empresa y si va a asumir su responsabilidad con la estabilidad de los puestos de trabajo, materializando en el convenio colectivo este compromiso", explicó Nieves Belmonte, presidenta del comité de empresa.
Sin soluciones
Belmonte añadió que las vías de negociación con el Consistorio se rompieron cuando el concejal municipal de Seguridad y Movilidad y presidente de la empresa, Pedro Calvo, en una reunión mantenida con el comité de empresa el pasado 27 de mayo, "se retractó del ofrecimiento, realizado en abril, de abrir una mesa política para buscar fórmulas que pudieran dar solución a las reivindicaciones de los trabajadores de la funeraria".
La presidenta del comité ha recordado que en el año 2005, "tras el frustrado intento del Ayuntamiento de subastar la empresa", el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, "se comprometió a abandonar todas las actuaciones dirigidas a cualquier proyecto de privatización de la empresa, garantizando que la misma continuará prestando el servicio público que tiene encomendado".
Asimismo, Belmonte ha destacado que, tras el fallo de la Audiencia Provincial, el Consistorio "tiene la obligación moral de cumplir lo que prometió".
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