Investigación a Leganés por vender suelo público para chalés
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Madrid investigará el expediente de venta de suelo público aprobado el pasado mes de marzo por el Ayuntamiento de Leganés, y que fue recurrido por el partido independiente Unión por Leganés (ULEG). La operación denunciada permitiría al Consistorio ingresar 15 millones de euros a cambio de casi 10.000 metros cuadrados de titularidad municipal que pasarían a destinarse a la construcción de vivienda libre.
En una resolución de dos páginas, la juez titular del tribunal, Matilde Aparicio, estima el recurso interpuesto por el concejal de la formación independiente, Carlos Delgado, y solicita al Ayuntamiento que le remita el expediente completo en un plazo de 20 días.
El concurso para la venta de suelo, aprobado el pasado 11 de marzo con los votos favorables del PSOE e IU, que conforman el Gobierno local y con la oposición del PP y de ULEG, prevé la venta de cerca de medio centenar de parcelas propiedad del Ayuntamiento divididas en cuatro lotes. En uno de ellos, ubicado en el ensanche de San Nicasio, estaría prevista la construcción de 45 viviendas en altura de renta libre. En los tres restantes, pertenecientes todos ellos al ensanche de Solagua, se levantarán un total de 43 adosados.
La resolución, que en el momento de su aprobación contó con informe negativo de la interventora municipal, fue llevada a los tribunales por ULEG al considerar que incumple la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a la venta de patrimonio público de suelo.
16.000 demandantes
"No cabe vender suelo público para hacer chalés, sino que legalmente debe utilizarse para construir vivienda pública u otros equipamientos de interés social y nunca para cubrirse otro tipo de necesidades de los ayuntamiento", explicó ayer el portavoz del partido independiente, Carlos Delgado, que recordó que en la ciudad existe una lista de demandantes de vivienda pública que incluye a 16.000 personas.
Fuentes municipales indicaron ayer que el objetivo de la venta de ese suelo es financiar la construcción de nuevas viviendas protegidas. El alcalde, Rafael Gómez Montoya, dijo que el expediente está pendiente de aprobación, y aseguró que colaborará con la justicia si investiga la venta de esas parcelas.
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