Cartagena ingresará en prisión al denegarle el Gobierno el indulto

Con un pie en la cárcel. El Gobierno ha denegado el indulto a Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas en la época de Eduardo Zaplana, sobre quien pesa una condena en firme de cuatro años de prisión por apropiarse de 49.000 euros donados por unas religiosas al Ayuntamiento de Orihuela en 1993. La posibilidad de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero diera luz verde a la medida de gracia era el último asidero al que apelaba Cartagena para evitar su entrada en prisión.

El ingreso material en prisión de Cartagena, también alcalde de Orihuela entre 1987 y 1996, está ahora en manos del tribunal, la Sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, que condenó al ex alto cargo del PP el 14 de marzo de 2002 a tres años por malversación y uno por falsificación. Junto a Cartagena también fue condenado a dos años el industrial Ángel Fenoll. Esta sentencia fue ratificada 16 de marzo de 2004 por el Tribunal Supremo. Dos meses después, Cartagena solicitó el indulto, petición que el Gobierno ha rechazado cuatro años más tarde.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana señalaron ayer que la primera decisión de la sala será dar traslado a las partes (defensa y fiscal) de la denegación del indulto. La postura de ministerio público en este caso es nítida. El fiscal de la ejecutoria remitió la pasada semana un escrito a la sala en el que solicitaba el "ingreso inmediato en prisión" del condenado. La Fiscalía, que informó desfavorablemente al indulto, esgrimía "el desproporcionado" tiempo transcurrido desde la petición de la medida de gracia y que el condenado tiene pendiente otro proceso por delito fiscal.

En la sentencia de 2002, el tribunal de la Audiencia de Alicante consideró probado que Cartagena, en su calidad de regidor de Orihuela, no ingresó en la caja del Consistorio la donación de las religiosas, y la guardó directamente debajo de la tapa del piano del despacho de la alcaldía. En la vista oral, el procesado argumentó que el dinero lo invirtió en obras de rehabilitación del casco histórico de la ciudad. El tribunal también consideró probado que las facturas justificativas de las supuestas obras eran falsas.

Aparte de la condena por el caso de las monjas, Cartagena está procesado también en otro sumario por supuesto delito fiscal. Por estos hechos, derivados de la contratación de las denominadas primas únicas del Banco Santander, Cartagena se enfrenta tres años de cárcel y a una multa de 1,8 millones euros, de acuerdo con la calificación inicial del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

El sumario de las primas únicas se inició en 1992 por el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional y, tras varias idas y venidas desde Madrid a los juzgados de Alicante por motivos de competencia, la causa recayó en el Juzgado número 4 de Orihuela. En este sumario había inicialmente más procesados, entre ellos, altos directivos del banco. La Audiencia Nacional acordó el archivo de la causa general en 2006, decisión de la que quedó excluido Cartagena al tramitarse su caso como pieza separada por ser aforado.

Cartagena suscribió las primas únicas -fondos de nuda propiedad, cuya finalidad era asegurar la opacidad fiscal de la operación- con el entonces Banco Santander entre los años 1987 y 1988. El volumen de la operación fue de dos millones de euros y la deuda fiscal, de 310.000 euros. La titular de la oficina judicial de Orihuela decretó a mediados de este, mes es decir, 16 años después de comenzar la instrucción, la apertura de juicio oral contra Cartagena por un supuesto delito fiscal. Su defensa ha recurrido el auto.

Pese a la condena en firme a cuatro años y el proceso por el fraude al fisco, Luis Fernando Cartagena ha mantenido una relevante posición en ámbito empresarial de la Comunidad Valenciana. Hasta diciembre de 2006 fue secretario general de la Mutua Valenciana de Levante. En la actualidad, es director general del grupo de telefonía móvil Metrored.