El PP se aferra al Reglamento de las Cortes para ocultar información

Ni Antonio Lis ni José María Rodríguez Galant, directores de Valencia Community Investments (VCI) y Ciudad de la Luz, SA, dos empresas públicas de la Generalitat, tendrán que explicar ante las Cortes las numerosas objeciones a su gestión que revela el informe de la Sindicatura de Comptes de 2006, la única vía de acceso que ha podido explorar la oposición parlamentaria para saber algo de la marcha de ambas sociedades. Los diputados socialistas Cristina Moreno y José Camarasa reclamaron ayer las comparecencias de los responsables de ambas empresas ante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes. José Marí, portavoz del PP, se aferró a la letra del Reglamento de la Cámara para ocultar información y rechazar con profusión de ripios jurídicos las comparecencias de ambos directores.

Camarasa: "El amparo es tan útil como un paraguas en el desierto"

Según Marí, Lis y Rodríguez Galant no son más que "trabajadores por cuenta ajena" contratados por dos consejos de administración que en ambos casos preside Gerardo Camps, consejero de Economía, el alto cargo de la Administración a quien se deben exigir responsabilidades.

Moreno recordó que VCI se constituyó en julio de 2004; que las Cortes no tuvieron noticia de su existencia hasta noviembre de 2005, con el proyecto de presupuestos para 2006; y que una batería de preguntas formuladas en torno a la empresa en julio de 2007 no se respondieron, y cómo, hasta enero de 2008. El cómo lo ilustró Camarasa: "Es como tener correspondencia con Groucho Marx, le pido la relación de arrendamientos y servicios contratados por Ciudad de la Luz a Producciones Aguamarga y me contesta con la relación de arrendamientos y servicios contratados por Ciudad de la Luz a Producciones Aguamarga. Tal cual. Sin ningún detalle económico".

"Tal vez no saben hacer oposición", aventuró Marí, "recurran a instancias superiores".

Camarasa replicó desde su experiencia personal: "El amparo de la presidenta de las Cortes es tan útil como un paraguas en el desierto del Sáhara. El problema de fondo es que a ustedes les incomoda el Parlamento".

Mireia Mollà, que apenas fijó posición en las votaciones, fue directa a los fundamentos del Estado de derecho: "El Grupo Parlamentario del PP cree que es Gobierno, aquí todos debemos fiscalizar al Consell. Si no, ¿qué hacen en esta Cámara?"