Tu casa está en un bombo

La demanda de vivienda protegida se ha disparado tras el boom inmobiliario y la oferta ni sueña con aproximarse a ella a corto plazo. Queda el sorteo, los nervios, la patética escena de miles de personas esperando la caída de una bola para averiguar su futuro. Tu mala suerte será mi suerte. Un sistema injusto y arbitrario, para muchos, que deja el derecho constitucional a una vivienda digna dentro de un simple bombo. ¿Es defendible un método que no tiene en cuenta tu destino posterior, tu futuro ascenso, mientras la pensionista que competía contigo no tendrá jamás opciones de prosperar?

Lorena Martínez, realizadora de televisión de 24 años, lleva más de tres años acudiendo a todos los sorteos de vivienda protegida de Barcelona. Nunca le ha tocado. Hace apenas diez meses le urgía porque debía abandonar el piso del Eixample donde vivía con su madre. "Nos lo subían de 675 a 900 euros, yo cobraba 1.100 limpios y mi madre estaba en el paro. Y no encontrábamos nada decente por menos de ese precio", explica. Logró que le subieran el sueldo, y ahora percibe 22.800 euros anuales. "Me paso por poco para recibir las ayudas a la emancipación, y me irían muy bien", se queja.

El sorteo no tiene en cuenta la posible ayuda familiar o futuros ascensos

Un directivo de un banco con vivienda social reconoce una "situación absurda"

El bombo nunca ha sacado su número. Un sistema que muchos expertos consideran injusto y que algunas ciudades ya han decidido cambiar. Sólo las diez principales ciudades españolas, donde la demanda es más acuciante, suman más de 240.000 personas en los registros de solicitantes, 30.000 más que hace un año, según los cálculos realizados por EL PAÍS a partir de las informaciones suministradas por los ayuntamientos.

Y la demanda generada por el boom inmobiliario, que colocó los precios a niveles prohibitivos, no se absorberá a medio plazo, a juzgar por los planes de los ayuntamientos. En general, estos programas fijan un plazo hasta 2012 -salvo Valencia, donde es a diez años-, y suponen la puesta en marcha de 119.771 Viviendas de Protección Pública (VPP). Es decir, los pisos previstos no llegan a cubrir la mitad de las solicitudes. A ello se añade que en casi todos los casos, el ciudadano no puede acudir a otra localidad vecina porque la mayoría de las ciudades de las áreas metropolitanas se blindan exigiendo, al menos, más de cinco años de empadronamiento.

La ciudad con mayor demanda de vivienda pública es Barcelona. La secretaría de Vivienda de la Generalitat calcula que alrededor de 65.000 personas requieren vivienda social. En el último sorteo multitudinario se presentaron casi 55.000 solicitantes para 1.500 pisos. Se cubrió el 2,8% de la demanda. En Sevilla, recientemente se realizó un concurso al que acudieron unas 90.000 personas, mientras que Málaga, Madrid y Valencia tienen más de 20.000 ciudadanos esperando. Aun así, ninguna ciudad se ha librado de sorteos multitudinarios.

Las tres últimas ciudades, no obstante, lo tienen más fácil para construir vivienda pública. Su modelo para construir vivienda protegida se basa en las reservas de suelo de los nuevos desarrollos. A Barcelona o Bilbao apenas les queda ya suelo para crecer, por lo que deben enfocar sus políticas a edificar en alquiler o aprovechar las remodelaciones de barrios.

Sin embargo, los registros no recogen necesariamente a todo aquel que requiere una VPP. "No siempre son indicativos. Depende de que se haya hecho publicidad de su existencia. En caso contrario, quedan fuera del sorteo quienes menos posibilidades tienen de acceder a esta información o bien de saber cómo reunir toda la documentación necesaria. Y ésta suele ser la gente más humilde", asegura el economista y ex secretario catalán de Vivienda, Ricard Fernández.

La forma tradicional y mayoritaria para adjudicar una VPP en España es a través de sorteo, que mete en el mismo bombo a quien más lo necesita y a quien, en cambio, podría obtener recursos ajenos (financiación familiar, por ejemplo) para pagar su casa. David Hernández es un directivo de un gran banco internacional que prefiere no identificarse por su nombre, porque entiende que su "situación" es "bastante absurda" y le da "cierta vergüenza pregonarlo". Con un sueldo que hoy es "muy generoso", desde hace unos 15 años reside en una vivienda de protección de Vallecas. "Era joven, terminaba de estudiar, me presenté y me tocó. Entonces no ingresaba lo que ahora", explica.

El catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona Antón Costas abrió el debate sobre la eficacia de los sorteos y la vivienda de protección de compra tras un estudio de las necesidades de vivienda en la ciudad. Costas puso entonces un ejemplo: "Imaginemos que tenemos un joven A y otro B. Le toca por sorteo una vivienda de propiedad al A, y al cabo de cinco años es directivo, mientras que el B se halla en la misma situación. Mal lo habremos hecho en términos de equidad". Por ello, Costas apuesta por crear un parque de VPP en alquiler, en el que resida quien lo necesite si cumple las condiciones fijadas.

En el conjunto de España, en general, la VPP cuesta alrededor del 50% de lo que vale en el mercado libre. En las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, lo rebasa. Aun así, una diferencia nada desdeñable. "Todo el mundo se apunta a la lotería. Pero es profundamente injusto conceder un derecho constitucional por sorteo. Sobre todo cuando los únicos medios para contrastar cuál es la necesidad es la declaración de la renta", sostiene el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, José García-Montalvo.

Algunos ayuntamientos ya han empezado a cambiar su sistema de adjudicación para ajustarse más a las necesidades de la población. El concejal de Vivienda de Palma de Mallorca, José Manuel Gómez, explica que el consistorio ha realizado un primer filtro con sus demandantes. "Separamos a la gente mayor, los jóvenes, la que tiene necesidades específicas, los que trabajan en la ciudad... Luego realizamos un sorteo por cajones, es decir, por colectivos", asegura. También Barcelona, que recurría a los sorteos masivos, elabora un registro similar, en el que quede clara la situación personal de cada demandante.

Sin embargo, el economista y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares, Julio Rodríguez, defiende los sorteos para poder "racionar" la vivienda. "Hay un sistema por puntos, en el que se valoran las circunstancias de cada solicitud. Pero prefiero el sorteo a dejar la decisión en oscuras manos de funcionarios. Es muy arbitrario, pero es una forma de gestionar el exceso de demanda que hay en España", asegura Rodríguez. Aun así, el economista puntualiza que las administraciones deberían tener un registro para controlar si cambia la situación de cada adjudicatario.

Ricard Fernández, que antes de ser secretario de Vivienda de la Generalitat estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona, sostiene que la experiencia le demuestra que "lo más social acaba siendo antisocial". Fernández afirma que si se priorizan las rentas a menudo se acaba por llegar a excluir a parejas trabajadoras y favorecer, por ejemplo, a estudiantes que todavía tienen mucho recorrido económico y social. "El chaval de 25 años que es mecánico igual cobra más que el que tiene la misma edad y está estudiando. Y acabas por penalizar al mecánico porque está casado y percibe más. Pero es que quienes no estudian se casan y forman familia antes, en la mayoría de ocasiones", dice.

Las grandes ciudades coinciden, no obstante, en que la política de vivienda no debería ser sólo municipal, sino metropolitana. El gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla, Juan Carlos León, explica que la ciudad exige dos años de empadronamiento o bien tres de trabajo para acceder a una vivienda pública. El criterio es semejante en Barcelona: dos años para el alquiler y cinco para la compra. El delegado de Vivienda de la capital catalana, Antoni Sorolla, también opina que "la vivienda debe entenderse en el ámbito metropolitano, como ya se hace con el transporte o la gestión de residuos, por ejemplo".

La exigencia de los años de empadronamiento que imponen varios ayuntamientos explica también que los registros municipales de solicitantes no sean todavía más abultados. "Hay localidades que piden 10 años de residencia, lo cual deja sin acceso a inmigrantes", recuerda Fernández. Pero en plena crisis crediticia no es un problema inminente, puesto que muchos saltan de la lista. El concejal de Palma de Mallorca, por ejemplo, explica que en una de las últimas promociones de VPP entregadas la mitad de los adjudicatarios renunciaron. El banco no les financió la compra. Y los expertos consultados temen que ello cree la ilusión pasajera de que la demanda está disminuyendo con la corrección del mercado.

Demasiada ilusión en un contexto de necesidad creciente ante la crisis que ya ha estallado.