Marbella negocia con un procesado en Malaya las obras de un aparcamiento

Las ansias por desbloquear la construcción de unos aparcamientos y unas pistas deportivas municipales en pleno centro de Marbella han hecho que la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP) acuerde con dos promotoras, una de ellas de uno de los procesados en el caso Malaya, la concesión de un permiso de obras en un terreno cuya titularidad -si pública o privada- aún se discute. La parcela Francisco Norte, de 17.000 metros cuadrados y en pleno centro de la ciudad, fue municipal y estaba destinada a convertirse en una instalación deportiva. A fuerza de convenios y cesiones rubricadas durante la etapa de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) acabó en manos privadas y con un proyecto de urbanización frustrado.

Un informe del vicesecretario municipal considera nulos de pleno derecho los convenios, el expediente de desafectación y las permutas realizadas sobre este terreno. Ante esta situación, ha aconsejado "revisar de oficio" los convenios de permuta. Las valoraciones de la parcela, que cambió de manos en virtud de dos convenios ratificados el 17 de octubre de 1996 y el 26 de noviembre de 2002, se investiga en una pieza separada del caso Malaya, en la que se encuentra imputado el prresunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca.

En su informe, el vicesecretario Javier A. de las Cuevas recoge las opciones que tiene el Ayuntamiento marbellí ante esta situación. En el caso de que decidan reclamar como propios esos terrenos, algo sobre lo que el equipo de gobierno no se ha pronunciado abiertamente, pueden recurrir a la expropiación. También se baraja la posbilidad de contemplar en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el subsuelo, donde van los aparcamientos, tenga la clasificación de "dotacional privado" y que el suelo, donde se instalarían las instalaciones deportivas, sea cedido "gratuitamente" al Ayuntamiento, "tal y como se recoge en el borrador del documento que presentan las dos promotoras afectadas", la sociedad Naviro Inmobiliaria 2000 S.L., propiedad del constructor granadino procesado en el caso Malaya José Avila Rojas, y Conservera Celta S.A.

Según fuentes municipales, Naviro Inmobiliaria es propietaria de la superficie del terreno y se ha mostrado dispuesta a cederlo a cambio de que se conceda la licencia de obra para el aparcamiento subterráneo, cuya construcción y explotación quedaría en manos de la sociedad Conservera Celta, S.A.

El grupo municipal del PSOE, en la oposición, insistió ayer en que el Ayuntamiento debe recuperar la titularidad del bien para evitar que la promotora consolide el aparcamiento como propio. "El hecho de que Ávila Rojas ceda gratuitamente la superficie no debe ser una gracia de la promotora, sino un derecho del Ayuntamiento", incidió Susana Radío, portavoz del grupo socialista.

Tanto el PGOU vigente, de 1986, como el nuevo planeamiento aprobado inicialmente en julio de 2007, recogen que tanto el suelo como el subsuelo del Francisco Norte son de titularidad pública. La Comisión Gestora ya abrió un expediente sancionador contra Naviro Inmobiliaria 2000 por haber realizado la obra sin tener aprobado el proyecto de ejecución. Según el edil socialista Javier de Luis, esta sociedad acumula hasta seis millones en sanciones urbanísticas.