Renovación en bloque

El Partido Popular no está en la mejor posición para exigir que se cubra de inmediato la plaza del Tribunal Constitucional que ha quedado vacante por el reciente fallecimiento del magistrado Roberto García-Calvo. Y, sin embargo, le asiste la razón al plantearlo: esa plaza debe cubrirse con la celeridad que señalan los plazos de la ley. Es decir, con la misma urgencia que esperan ser sustituidos los otros cuatro magistrados del Constitucional que concluyeron su mandato en diciembre y los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial que están en funciones desde noviembre de 2006.

Es incoherente que al PP le entren prisas por sustituir a García-Calvo porque interesa a sus pretensiones sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán y, al mismo tiempo, ponga obstáculos a la designación por el Senado de los nuevos cuatro magistrados, precisamente por sus intereses en el mismo asunto. Además, riza el rizo al mantener un recurso contra el reglamento de la Cámara alta, que acepta la participación de las autonomías en la presentación de candidatos a dichas plazas. No hay argumento alguno para pedir urgencia en un caso y negarla en los otros, con el pretexto de ser una cuestión que debería tratarse en un gaseoso y no definido pacto global sobre la justicia.

La renovación predeterminada por ley de las instituciones no está a merced de pactos o acuerdos políticos. Es un deber del Parlamento cuyo reiterado incumplimiento por los partidos constituye uno de los factores que más contribuyen al deterioro de la democracia. Tampoco es acertado el mensaje lanzado con vistas a la sustitución del fallecido García-Calvo. Tras reconocerle públicamente como de los suyos, el PP exige con la mayor crudeza que su sustituto debe "obviamente" serlo también. No sólo el PP; el PSOE comparte un mensaje que debe ser desterrado, tanto por estética política como por vulnerar la letra y el espíritu de la Constitución. Si el texto constitucional establece para estos nombramientos una amplia mayoría parlamentaria de tres quintos es para borrar en lo posible la marca de los partidos y realzar la dimensión institucional.

El nuevo clima que se detecta en las relaciones entre el Gobierno y el Partido Popular de Rajoy debería hacerse notar de inmediato en el capítulo de estos nombramientos en el ámbito de la justicia. Cumpliendo los plazos legales, para que no se repitan escándalos como el del agónico Consejo General del Poder Judicial actual, y proponiendo candidatos en función de su valía profesional y personal, no por afinidad ideológica. Y, sobre todo, esforzándose por diluir mediante acuerdos previos la marca partidaria de los candidatos de modo que puedan sentirse elegidos por el Parlamento y no por los partidos. Ello reforzaría su independencia y evitaría decisiones extravagantes y enfrentamientos más ideológicos que jurídicos en los asuntos sometidos a su consideración.