Bombas de racimo

En enero de 2007, el Gobierno aseguró en el Congreso que no consideraba conveniente prohibir la fabricación de los dos modelos de bombas de racimo que se producen en España. En septiembre del mismo año, a propuesta de Izquierda Unida, aceptó promover y apoyar "las iniciativas que tengan por objetivo la restricción, y en su caso la prohibición, de las bombas de racimo". Finalmente, es posible que esta misma semana, representantes diplomáticos de 106 países, entre ellos España, firmen en Dublín un acuerdo para prohibir el uso, fabricación y almacenamiento de esas armas. Si el tratado final no sufre demasiadas modificaciones sobre el borrador ya conocido, se podrá decir que Greenpeace y otras asociaciones civiles empeñadas en la desaparición de esta arma especialmente cruel y agresiva con la población civil han logrado una victoria importante.

En un año, el Gobierno ha pasado de decir que no convenía prohibir estas armas a aceptar un acuerdo internacional

Las empresas españolas que las fabrican afirman que no fallan, pero está demostrado que muchas quedan sin estallar

Por mucho que los más grandes productores, como Estados Unidos, Rusia, Israel, China e India, no participen en el acuerdo, es muy probable que, como sucedió con las minas antipersona, las bombas de racimo, que infectan amplias zonas de terreno con pequeñas bombas que en buena parte no explotan y quedan al alcance de la población civil, terminen por dejar de usarse. Los últimos casos de uso denunciados han sido en Irak (por el ejército norteamericano) y en Líbano (por el ejército israelí, que lanzó más de 100.000 de estos artefactos antes de retirarse).

Muchos supieron que España fabricaba este tipo de armas gracias a las campañas de Greenpeace. Defensa, tradicionalmente opaco respecto a estas cuestiones (da igual que sea con un Gobierno conservador o socialista), terminó reconociendo que las Fuerzas Armadas disponían de tres tipos de bombas racimo. Una era importada de Estados Unidos (MK-20), pero las otras dos eran producidas directamente en España.

Las dos empresas involucradas son Instalaza, presidida por Leoncio Muñoz Bueno, dedicada a la fabricación de armas ligeras y munición, que pone en el mercado una bomba racimo denominada MAT-120, y Expal (Explosivos Alaveses, SA), que preside Francisco Torrente Sánchez y que fabrica la bomba antipista BME-330. Según los datos del Ministerio del Aire, que afirma poseer dos tipos de bombas-racimo, la MK-20 esparce 247 bombetas, y la BME, 180 submuniciones. La MAT-120, por su parte, lleva 21 submuniciones de efecto contracarro y de fragmentación.

Las empresas fabricantes de este tipo de bombas han afirmado siempre que "sus espoletas electrónicas están dotadas de dispositivos de autodestrucción y autoneutralización, eliminando así el riesgo de municiones activas abandonadas sobre el terreno", algo que los especialistas han demostrado que es inexacto en un alto porcentaje de casos. La respuesta del Gobierno español en enero de 2007 a una pregunta parlamentaria sobre el tema insistía mucho en ese aspecto: "Las bombas disponen de sistemas de seguridad que inactivan y dejan inerte la munición al cabo de un corto periodo de tiempo", aseguraba el ministro. La realidad es muy diferente.

Un informe elaborado por el departamento de investigación del ministerio noruego de Defensa, que ha sido decisivo en este caso, asegura que la más fiable de todas las bombas racimo suele fallar mucho más de lo que aseguran sus fabricantes. "El uso de esas bombas en el sur de Irak por parte del ejército británico dio las primeras indicaciones de que la tasa de fallo en combate era muy superior a la esperada", asegura el informe noruego. En el caso del sur del Líbano, las bombetas esparcidas por Israel no explotaron en más de un 12% de los casos. Se trata, dicen los expertos, de un armamento que usado en combate funciona peor de lo que los fabricantes anuncian. Eso sí, las bombas sin explotar causan después enormes daños en la población civil de la zona y crean un fuerte clima de temor.

"Si ésta es la tasa de error del armamento analizado, probablemente el mejor en su clase, es poco probable que bombas similares de otras marcas den mejores resultados en condiciones operacionales. Más bien al contrario, las de menos calidad se comportarán todavía peor", aseguran los especialistas noruegos.

Lo curioso de este asunto es que el Gobierno, conocedor de todos los esfuerzos que estaban en marcha para prohibir el uso de este tipo de armamento, autorizó en julio de 2006 al Ejército de Tierra la adquisición de 500 nuevas granadas Instalaza por 1,4 millones de euros. El Ministerio de Defensa se sigue negando a facilitar los datos sobre el número de bombas de racimo actualmente almacenadas. -