La muerte de un juez

El fallecimiento hace ocho días de Roberto García-Calvo, elegido por el Congreso magistrado del Tribunal Constitucional (TC) en noviembre de 2001 para un mandato de nueve años, desequilibra la correlación de fuerzas dentro de la institución. Porque los 12 jueces del TC se habían dividido durante la anterior legislatura en dos bloques iguales de seis miembros -el desempate corría a cargo del voto de calidad presidencial- cada vez que los litigios enfrentaban al Gobierno con el PP.

La primera escaramuza de esa guerra civil dentro del tribunal fue la emboscada tendida con malas artes y peores engaños por el bloque de jueces afines al PP -García-Calvo entre otros- para lograr la mayoría en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Los magistrados conjurados votaron en febrero de 2007 la recusación -solicitada por el PP- de su colega Pérez Tremps; el pretexto agarrado por los pelos fue el encargo que éste recibió en noviembre de 2003 -antes de ser nombrado juez constitucional- del Instituto de Estudios Autonómicos para hacer un estudio sobre la acción exterior y la participación europea de Cataluña "ante una posible reforma del Estatuto".

Mientras bloquea la renovación del CGPJ y del TC, el PP exige la sustitución urgente del magistrado fallecido

Luego vinieron las recusaciones de varios magistrados cruzadas entre el Gobierno y el PP en vísperas de la sentencia del tribunal sobre el recurso contra la modificación de su propia ley, que prorroga automáticamente el mandato presidencial hasta la conclusión de las renovaciones trienales del TC. Los alguaciles resultaron alguacilados: García-Calvo fue recusado -junto con Rodríguez-Zapata- y la presidenta Casas conservó el voto de calidad.

No habían pasado ni 24 horas desde la muerte de García-Calvo cuando el portavoz popular en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, lanzaba necrófagamente las campanas del funeral al vuelo para exigir la inmediata elección por los 3/5 de la Cámara (los populares sólo disponen de 154 de los 210 votos precisos) de un candidato previamente designado por el grupo popular -sea un ilustre jurista o su caballo- como sustituto del fallecido. ¿No son esas prisas de urinario un gesto de cinismo? Empleando su cuota de bloqueo para boicotear la formación de las mayorías cualificadas requeridas por la Constitución, el PP está retrasando la renovación del CGPJ, pendiente desde hace 18 meses, y el nombramiento de cuatro magistrados del TC por el Senado, aplazado desde hace seis.

El único móvil de la actual urgencia del PP por reemplazar a García-Calvo es su obsceno antojo por mantener la ventaja ilegítimamente ganada con la recusación de Pérez Tremps. No menos humillante para las formas democráticas es la confesada pretensión de Trillo: abandonar las negociaciones entre los grupos parlamentarios dirigidas a elegir magistrados competentes y sustituirlas por el reparto de casilleros en blanco entre los partidos que pueda rellenar cada cual con el nombre de fieles cumplidores de sus consignas. -