"Las infracciones multadas son la punta del iceberg"

Sus datos, lector, resultan muy valiosos. Saber qué compra, cuánto gana o dónde enviarle publicidad supone un caramelo demasiado suculento para algunas empresas dispuestas a estirar las reglas. ¿Cómo conseguir que las compañías que disponen de información privilegiada de sus clientes no la utilicen sin infringir su privacidad? Tal es uno de los varios dilemas a los que tiene que hacer frente Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos, quien participó ayer en unas jornadas del Colegio Notarial de Bilbao.

"La información tiene un valor económico obvio. Lo tiene la base de clientes de una empresa o una lista de personas a quienes enviar publicidad. Esto es legítimo, porque nuestro sistema económico funciona así y no hay nada que objetarle. Lo que hay que hacer es que cumplan la ley", resume.

La agencia abrió 41 expedientes sancionadores en Euskadi en 2007

"El error humano en las tecnologías puede causar daños irreparables"

En Euskadi constaban a finales de abril un total de 42.357 ficheros informáticos de tratamiento de datos personales declarados en manos de entidades privadas: 21.559 en Vizcaya, 14.460 en Guipúzcoa y 6.338 en Álava. Suponen apenas el 4% del total a nivel nacional. "Las empresas suelen tener sus sedes en Madrid y Barcelona, por eso está todo muy concentrado", dice Rallo.

La agencia estatal abrió el año pasado un total de 41 expedientes sancionadores en Euskadi, un 36,6% más que el año anterior. La cifra no incluye los expedientes a la Administración, vigilada por la Agencia Vasca de Protección de Datos. En 2006, se registraron 30 denuncias sobre un total de 1.193 en el conjunto de España. Los infractores tuvieron que pagar 24,4 millones en multas. "Estas cifras no dejan de ser un ejemplo anecdótico. Sabemos que hay comportamientos empresariales que infringen en mayor alcance la protección de datos. Esto sólo es la punta del iceberg".

Las sanciones a empresas pueden ir de los 600 hasta los 600.000 euros. La Vital por ejemplo, una de las firmas multadas en 2007, tuvo que pagar 60.000 euros por acceder irregularmente a los datos de un funcionario, que llegaron a sus manos por los servicios que presta al Gobierno vasco. Aguas de Guipúzcoa fue multada con 6.000 euros por el despiste de un empleado, que se dejó una caja con datos personales de varios clientes en un solar al alcance de cualquier curioso. El caso más notorio y reciente es el de la clínica Lasaitasuna, que filtró a través del programa de intercambio de archivos e-mule los historiales de miles de pacientes. Pagó 150.000 euros por el descuido.

"Es uno de los casos más escabrosos que he conocido hasta la fecha. Es inexcusable tener un programa así activado en un ordenador con material tan sensible", resalta Rallo sobre este último incidente. "Es un buen ejemplo de la encrucijada en que estamos por la revolución tecnológica. El error humano y el desconocimiento en el uso de tecnologías pueden causar daños irreparables a las víctimas", añade.

Internet es el gigante que costará cada vez más domar. "En Youtube, se vuelcan miles de horas de vídeo cada segundo. No hay control previo de ese material y sería muy difícil llevarlo a cabo a día de hoy", razona rememorando los múltiples casos de agresiones que terminan siendo perpetuadas en vídeos colgados en la web. ¿El dilema estaría entonces entre elegir amputar una herramienta de enorme potencial o aceptar el daño que puede causar a los afectados? "El ejemplo es el mismo que con la libertad de expresión. Cuando se publica alguna injuria o inexactitud, el daño ya está hecho. Lo que queda por hacer es paliarlo con la correspondiente rectificación y reprimirlo si llega a tener alcance penal", sentencia.