Los alcaldes no utilizan las ayudas de la Xunta contra el chabolismo

El 83% de las ayudas presupuestadas por la Xunta entre 2002 y 2007 para ayudar a los ayuntamientos a erradicar el chabolismo ni siquiera fueron solicitadas por los municipios que sufren este problema, según datos facilitados por la Consellería de Vivenda. A lo largo de esos cinco años los gobiernos de la Xunta (primero del PP y ahora de PSdeG y el BNG) pusieron a disposición de la administración local un total de siete millones de euros, pero los ayuntamientos sólo llegaron a tramitar ayudas por valor de 1.232.046 euros.

En Galicia, según datos recogidos por el Valedor do Pobo, en 2000 existían 14 asentamientos chabolistas con una población aproximada de más de 3.000 personas. Los más importantes son los de Penamoa (A Coruña), Freixeiro (Narón), Carqueixo (Lugo) y O Vao (Poio) todos ellos ejemplo de "extrema desestructuración social", según el Valedor. La política autonómica en esta materia viene establecida por la Ley de Medidas para la Erradicación del Chabolismo, una iniciativa aprobada en 1989 por el Gobierno tripartito presidido por el socialista Fernando González Laxe. Sin embargo, su aplicación a lo largo de las últimas dos décadas ha sido un fracaso y el Valedor, en un informe de 2005, pidió a la Xunta su reforma. El problema, según esta institución, radica en que la ley carece de garantías necesarias para limitar y prohibir la construcción de campamentos segregados sin dotación de equipamientos básicos, alejados de los núcleos urbanos y sin las mínimas condiciones de habitabilidad.

A pesar de ello, la Consellería de Vivenda no tiene previsto reformar la ley. En vez de eso, el departamento que dirige la nacionalista Teresa Táboas, ante la evidencia de que la mayoría de las ayudas ni siquiera eran solicitadas, decidió en 2006 mantener una serie de entrevistas con los ayuntamientos más afectados por este problema para incentivar que se presente la documentación necesaria para obtener las ayudas. Fruto de esa labor, según fuentes de la consellería, se produjo un incremento muy notable de las solicitudes, hasta el punto de que en 2007 fueron concedidos 1.038.614 euros en ayudas (el año anterior la cifra no pasó de 70.000 euros) que se repartieron los ayuntamientos de A Coruña, Lugo, Poio y Culleredo. Ese año, además, la Xunta puso en marcha un proyecto singular, al margen de este programa, que hizo posible la construcción de 23 viviendas prefabricadas en el ayuntamiento orensano de Maceda.

Vivenda confía en que se mantenga la tendencia al alza en la solicitud de ayudas. Por esa razón, este año ha puesto 5,2 millones de euros a disposición de los ayuntamientos, una partida presupuestaria superior a la programada los tres años anteriores. En estos momentos la Xunta ya está estudiando proyectos diseñados por los municipios de A Coruña, Lugo, Poio y Carballo. El procedimiento para hacer efectivas las ayudas exige un compromiso activo por parte de la administración local que, según el Valedor, no ha estado a la altura de las circunstancias. Los ayuntamientos tienen que acompañar sus solicitudes de un censo de asentamientos y la lista de actuaciones previstas para facilitar el acceso a la vivienda. Pero no basta con eso. Para que las ayudas sean concedidas los servicios sociales de los municipios deben presentar planes de integración social, así como un proyecto de saneamiento del área de actuación.

Del pobre resultado cosechado por el programa contra el chabolismo dan idea las cifras de inversión. Desde 2002 hasta 2006 la Xunta sólo invirtió 206.875 euros. De esas ayudas se beneficiaron Santiago, A Coruña, Ponteareas, Lugo y Carballo. En esos cinco años se subvencionaron 38 viviendas en alquiler y 13 en régimen de propiedad.