La ministra Espinosa duda ahora de la necesidad del trasvase

El Gobierno central tejió ayer una maraña de confusiones pactadas. La ministra de Medio Ambiente Rural y Marino, Elena Espinosa, acercó su discurso al mantenido por el Ejecutivo de Aragón para poner en duda la necesidad del trasvase del Ebro a Barcelona. Por la mañana, Espinosa, en Bruselas, dijo: "Si los embalses alcanzan el mínimo necesario para abastecer al área metropolitana de Barcelona, por supuesto que no tendrán razón de ser [las obras del trasvase]".

Sin determinar cuál sería esa cantidad mínima de agua para parar las obras -que todavía no han comenzado-, subrayó: "Pero aún no estamos en condiciones de asegurar el aprovisionamiento", informa Ricardo M. de Rituerto.

La variación fue justificada por La Moncloa con absoluta normalidad: "Somos coherentes con lo que dijimos desde el principio", aseguró un portavoz del Gobierno. Pero de las afirmaciones de Espinosa se puede colegir que el Estado ya no considera indiscutible la tubería que debe conectar el Ebro con Barcelona. La Administración vinculó esta infraestructura a que los embalses catalanes no alcancen el nivel requerido para abastecer al área metropolitana. ¿Qué cantidad de reservas se considera suficiente para derogar la obra? El Gobierno eludió concretarlo, lo que fuentes oficiales definieron como "ambigüedad calculada".

Lo que no evaluó el Ejecutivo central son las reacciones a tal vaguedad. Ayer mismo, grupos ecologistas exigieron ya el desmantelamiento del proyecto. La Plataforma en Defensa del Ebro blandió las declaraciones de Espinosa como prueba evidente de que Barcelona "ya no necesita más agua" y anunciaron nuevas protestas al respecto.

El Gobierno asume que la ambigüedad embrollará su gestión ante la opinión pública, pero facilitará la cohabitación con las distintas coaliciones que sustentan al PSOE. "Hay sitios en que la situación empieza a ser explosiva y toca hacer malabares", explicaron.

La Moncloa pretende guardar la espalda del Gobierno aragonés, situado en tierra de nadie por su pasividad ante la aprobación del trasvase. El presidente de la comunidad, Marcelino Iglesias (PSOE), gobierna en coalición con el Partido Aragonés (PAR), formación muy sensible a los temas del agua. Los socialistas necesitan al PAR para gobernar y el acuerdo entre ambos grupos se apoya mucho sobre la cuestión hídrica. "Su programa electoral se basa prácticamente en el agua", ilustró un portavoz del Gobierno. Éste admitió, sin embargo, la improbabilidad de desechar el trasvase del Ebro. "Difícilmente nos arriesgaremos a volver a estar en emergencia y quedar en evidencia".

La táctica de la Adminsitración central consiste en contener las críticas y recurrir a imprecisiones deliberadas para tener a todos contentos, guión al que se sumó ayer el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar. La mera posibilidad de prescindir del trasvase puede contentar al entorno claramente antitrasvasista del tripartito. "Hay total coincidencia entre la ministra y la Generalitat", convino Baltasar con Espinosa respecto a que "aún no se dan las condiciones para descartar el trasvase". "Vamos a seguir esta tónica", dijo sin concretar tampoco las condiciones en las que el trasvase debería dejar de hacerse.

Hace una semana, ambas administraciones señalaban que habrá emergencia hasta que las cuencas catalanas no reúnan 300 hectómetros cúbicos; es decir, estén al 49% de su capacidad; en la actualidad están 17 puntos por debajo. La posibilidad de que eso suceda se asumía muy difícil. Así sigue siendo, aunque ayer ninguna administración concretó si estas cifras siguen siendo válidas hoy.

Los trabajos de la tubería, ratificó Aguas de Barcelona (Agbar), empezarán dentro de tres semanas. "Todo marcha según lo previsto", precisó un portavoz de la empresa, que capitanea las obras. Asimismo rechazó que las obras vayan a tardar dos meses en empezar como había señalado el director de la Agencia Catalana del Agua, Manel Hernández. "No sé por qué lo ha dicho, pero dentro de menos de un mes ya habremos empezado las obras", aclaró. Para concluirlas, deberán realizarse expropiaciones que afectan a unos 600 terrenos, la mayoría de ellos rústicos.