El fiscal imputa 62 homicidios al ex jefe de la cúpula militar por el 'caso Yak-42'

El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos tiene previsto pedir hoy la imputación del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Antonio Moreno Barberá, y del ex jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Luis Ibarreta -así como de otros cuatro militares de menor graduación- al juez central de instrucción número 3, Fernando Grande-Marlaska.

La fiscalía les imputa 62 delitos de homicidio imprudente por la muerte de otros tantos militares españoles que perdieron la vida en el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003, cuando regresaban de Afganistán. En cambio, el ministerio público no acusa a quien era ministro de Defensa en aquel momento, Federico Trillo-Figueroa, en contra del criterio de la asociación que reúne a la mayoría de las familias de las víctimas.

Si prospera la petición del fiscal, será la primera vez que se imputa en España a un jefe de la cúpula militar, cargo que ostentó Moreno Barberá desde el año 2000 hasta 2004.

Tras la reapertura del procedimiento en el que se investigan las irregularidades que rodearon la contratación del avión ucraniano, por decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en enero pasado, las distintas partes han presentado sus escritos de acusación. Ahora le toca el turno al fiscal. Éste es más restrictivo que los abogados de las víctimas, quienes han pedido más de una decena de imputaciones, pero ve indicios de delito ya que no se tomaron las medidas adecuadas para evitar la catástrofe.

Nunca debió despegar

El informe definitivo de la comisión internacional de investigación señala que el Yak-42 nunca debió despegar porque tenía algunos sistemas averiados (como la caja negra de grabación de voces), y que la fatiga y falta de preparación de la tripulación fueron elementos coadyuvantes al accidente.

La responsabilidad, a juicio del fiscal, recaería en el almirante Moreno Barberá, como jefe del Estado Mayor de la Defensa, y en su subordinado el teniente general Juan Luis Ibarreta, así como en algunos o todos los oficiales del grupo de control de estos vuelos: Joaquín Yánez González, jefe de Logística Operativa; Gabriel Bayarte, de la Secretaría Técnica del Mando de Apoyo Logístico; Pedro Abad y Alfonso Elías, ambos de la división de Operaciones del Estado Mayor Conjunto.

En cambio, el fiscal no acusa al ex ministro Federico Trillo por considerar que la competencia para contratar los aviones con la agencia NAMSA de la OTAN y la responsabilidad de controlar el desarrollo de los contratos correspondían al Estado Mayor de la Defensa. A esta decisión también ha contribuido, según las fuentes consultadas, el hecho de que el actual presidente del Congreso y antes sucesor de Trillo en Defensa, José Bono, le exculpara durante la declaración que prestó ante el juez Marlaska el 14 de abril.

El almirante Moreno Barberá, ya en la reserva, fue jefe del Estado Mayor de la Armada desde junio de 1997 hasta diciembre de 2000, cuando, a propuesta de Trillo, fue nombrado por José María Aznar jefe del Estado Mayor de la Defensa.

En ese puesto continuó hasta que en junio de 2004 le relevó Bono, justo al concluir la investigación interna sobre las irregularidades del Yak-42. Como jefe de la cúpula militar dirigió la recuperación del islote de Perejil y la participación española en la intervención en Afganistán y en la invasión de Irak.