La justicia valenciana avala el decreto que suaviza las restricciones al tabaco

El Ministerio de Sanidad, que dirige Bernat Soria, recurrirá al Supremo el fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano que rechaza su recurso contra tres artículos del decreto que aprobó en 2006 el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para desarrollar la ley antitabaco, aprobada en diciembre de 2005. Dentro de la campaña desatada por las comunidades gobernadas por el PP para rebajar los efectos de la ley, el decreto del Consell no obligaba a separar físicamente las zonas de fumadores de las de no fumadores, sino que permitía simples compartimentaciones e instalar extractores de humo.

Otro de los artículos de fricción se refiere al tamaño del local para establecer zonas de fumadores. El Gobierno lo puso en 100 metros cuadrados y el Consell lo amplió a 120. Por último, Camps atemperaba las infracciones de la ley.

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que agrupa a 44 sociedades científicas y asociaciones, lamentó ayer que el tribunal ignore "las evidencias científicas acerca de la ineficacia de los sistemas de ventilación". El comité recuerda, además, que cada año mueren cientos de fumadores pasivos y apuesta por eliminar el tabaco de los espacios públicos.

La sentencia mantiene vivo el pulso entre el Gobierno central y las comunidades rebeldes del PP. En La Rioja, el Tribunal Superior dio la razón a Sanidad, y el Gobierno regional lo recurrió. En Castilla y León, la decisión fue salomónica, y ambas partes apelaron al Supremo. El recurso contra el decreto madrileño todavía no se ha visto. Un portavoz de Sanidad afirmó ayer que estaban convencidos de ganar el caso en el Supremo.